La identidad sindical perdida

Mientras que las centrales sindicales de CSIF, USO y CGT, esta última en menor medida, registraron mayor afiliación en 2017 que antes de la crisis económica y la tremenda destrucción de empleo, UGT y CCOO, que sufrieron una sangría de afilados estimada en más de 600.000 bajas, apenas han conseguido recuperar una décima parte de lo perdido. Sin duda, una de las causas que lastran la recuperación de las dos mayores organizaciones de trabajadores de España hay que buscarla en su posición pública de apoyo a los movimientos separatistas catalanes, que sólo en la última semana, ha provocado miles de bajas en las distintas federaciones nacionales, con especial incidencia en Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha, pero, también en la propia Cataluña, donde algunos de sus líderes más carismáticos, como Francesc Castellana, de Comisiones, han decidido hacerlo público. En el Principado, UGT y CCOO han sufrido el mismo proceso de contaminación nacionalista que otras instituciones sociales, colegios profesionales y asociaciones culturales, parasitadas por los separatistas a caballo de la política clientelar practicada por la Generalitat de Cataluña. Un movimiento transversal, posible en la medida en que se diluía el objetivo último bajo falacias como la del derecho a decidir, pero que, ante la intentona golpista de octubre, está encontrando muchas dificultades para mantenerse en la cómoda equidistancia. De ahí que, emplazados ante la realidad de los hechos, incapaces de imponerse a los sectores nacionalistas crecidos en el seno de sus federaciones, los dirigentes de UGT y Comisiones hayan comprado la nueva argumentación separatista, según la cual, no se trata tanto de luchar por la independencia de Cataluña como de la defensa de las libertades y los derechos democráticos presuntamente conculcados por el Gobierno del Partido Popular. Bajo esta nueva premisa argumental, verdadero monumento a la demagogia, es posible asistir al espectáculo de equilibrismo de los secretarios generales de Comisiones y UGT, Unai Sordo y Josep María Álvarez, respectivamente, que defienden ante sus indignados afiliados y ante una opinión pública atónita que convocar conjuntamente una manifestación con las dos organizaciones separatistas catalanas –la ANC y Omnium Cultural– que han sido la punta de lanza del golpe no significa apoyar ni los objetivos independentistas ni su estrategia de ruptura unilateral de la Constitución española. Al contrario, según estos virtuosos de la confusión y el doble lenguaje –que se permiten, además, dar lecciones al Poder Judicial sobre cómo deberían aplicar la Ley sus magistrados–, lo que pretenden con su apoyo a los golpistas es que «vuelva la normalidad institucional a Cataluña, se recupere el autogobierno estatutario, para suspender el artículo 155, y se forme un Gobierno de la Generalitat que, de una vez por todas, comience a preocuparse por los problemas de los trabajadores». Una vez más, Sordo y Álvarez parecen fugados de la realidad, puesto que sólo el actual Parlamento catalán tiene la potestad de llevar a cabo esa vuelta a la normalidad institucional que reclaman los líderes sindicalistas. El principal problema para Comisiones y UGT no es sólo la caída de afiliación y de credibilidad entre los trabajadores que trajo la crisis, sino la pérdida de la razón de ser sindical. En Cataluña, el equilibrismo, por más virtuoso que sea, ya no confunde a nadie, y menos a la clase obrera que, como demostraron las últimas elecciones, decidió cambiar su voto a una formación anti separatista como Ciudadanos. Tal vez, el nacionalismo lo haya contaminado todo, empezando por el lenguaje, pero no tiene por qué ser siempre así.