La piratería cobra ventaja frente a la ley

Lejos de cumplir sus loables objetivos, la nueva Ley de Propiedad Intelectual parece demostrarse impotente ante el desafío de la piratería informática, que no deja de crecer. Se trata de un problema de agilidad en la aplicación sancionadora –la comisión interministerial sólo ha resuelto una denuncia en todo 2015 de las 27 presentadas– que debería ser resuelto con una reglamentación en la línea de la que rige la imposición de las multas de Tráfico, como factor disuasorio eficaz. Porque, como señala el informe de la Coalición de Creadores, en la sociedad española sigue instalada una sensación de absoluta impunidad en el uso irregular de los contenidos que se distribuyen por las redes. Con consecuencias muy onerosas para el sector cultural, deportivo y del espectáculo, por supuesto, pero también para el conjunto de la economía española. Por ejemplo, se calcula que las descargas ilegales cuestan 20.000 puestos de trabajo directos, con mermas para Hacienda de 550 millones de euros anuales. O lo que es lo mismo, 1.669 millones de euros en lucro cesante. Si la Ley no funciona, –y los hechos así lo demuestran–, el deber de las instituciones del Estado es solucionarlo, con la misma agilidad, al menos, con la que los piratas se desenvuelven en internet.