Los barones socialistas deben corregir la deriva de Sánchez

No deja de caer en una cierta ingenuidad el presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, al calificar de «inexplicable» el acuerdo que la dirección nacional de su partido ha adoptado para favorecer que los independentistas catalanes puedan formar sendos grupos parlamentarios en el Senado, cuando la explicación salta a la vista: la voluntad del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de recabar el apoyo de ERC y CDC para una hipotética investidura como presidente del Gobierno, en la que los votos nacionalistas serían tan determinantes para su causa como los de Podemos. Por supuesto, la decisión de la actual dirección socialista no sólo significa premiar a dos formaciones que han puesto en marcha un proceso para romper la unidad de España sino que, además, incumple clamorosamente la resolución política adoptada por el Comité Federal del PSOE el pasado 28 de diciembre, uno de cuyos párrafos establecía su rechazo «de manera tajante de cualquier planteamiento que conduzca a romper con nuestro ordenamiento constitucional» y la imprescindible renuncia «a la autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento» como condición indispensable para que el PSOE iniciara un diálogo con el resto de las formaciones políticas. Si bien, en este caso, es la dirección nacional del partido socialista quien goza de la prerrogativa de sancionar tal acuerdo, ello no exime a los miembros del Comité Federal, entre los que se encuentran los «barones» territoriales, con Susana Díaz a la cabeza, de la exigencia de reclamar el cumplimiento de la resolución, dado que no nos hallamos ante un gesto de «cortesía parlamentaria» –por otra parte innecesaria, pues ERC y CDC, que actúan en coalición en Cataluña, pueden sumar sus senadores para formar grupo– sino ante una decisión que supone, ni más ni menos, dejar sin reproche político alguno la actitud anticonstitucional de los partidos a quienes se favorece. Se puede entender que el secretario general del PSOE procure conseguir lo que las urnas le han negado, pero entrar en la dinámica negociadora con partidos y formaciones que blasonan de su desprecio al orden constitucional o que propugnan un modelo de gestión social anclado en el marxismo y, por lo tanto, estatalizante, puede comprometer seriamente el futuro de un partido que, hasta ahora, venía representando a la socialdemocracia española y era referencia de la izquierda moderna. Cuando el Comité Federal redactó la citada resolución reconocía que las elecciones habían planteado un escenario incierto para el futuro inmediato de España y aseguraba que en el comportamiento del PSOE primaría siempre «el interés general de la sociedad española». No parece que sirva a los intereses ciudadanos el tratar de buscar aliados y firmar compromisos con formaciones con las que no se tiene otra sintonía que el rechazo al PP –al que desde algunos de esos ámbitos se llega a negar, incluso, la legitimidad de ejercicio, pese a que se trata del partido más votado, con más de un millón setecientos mil votos de ventaja sobre el segundo–. Si bien la larga experiencia socialista en los pactos de perdedores debería bastar a sus dirigentes para medir sus pasos políticos, está mucho más cerca la evidencia de su resultado electoral –el peor desde la Transición–, que ha relegado al partido a posiciones marginales allí donde habían pactado con los extremismos.