Los españoles exigen un pacto de todos por las pensiones

Tal vez, el principal obstáculo que se alza a la hora de tratar del futuro de las pensiones en España es que a todos los interlocutores implicados –sindicatos, empresarios, partidos políticos– les asiste una parte de razón en el análisis del problema. Pero si cada actor se empeña en negar los argumentos de los demás y rechazar las tesis que no cuadran con sus presupuestos ideológicos o económicos, el resultado será, como ha venido siendo hasta ahora, el recurso a las políticas de parches, a la espera de que mejoren las cosas por sí mismas. Hay, sin embargo, un hecho positivo que puede servir de punto de partida en el largo proceso negociador que se avecina. Es la coincidencia en el diagnóstico de que el sistema de pensiones, tal y como está concebido, es insostenible a medio plazo, incluso si se recuperara el poder adquisitivo medio y por tanto el nivel de las cotizaciones, que existía en el mercado laboral español antes de la crisis. España, por fortuna, es el segundo país del mundo, detrás de Japón, en esperanza de vida de sus habitantes, pero, también, uno de los que presentan los índices más bajos de natalidad de la Unión Europea. Al mismo tiempo, como recalcó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera comparecencia de la legislatura ante el Senado, el coste social en nuestro país representa el 63,5 por ciento del gasto total –el 26,7 por ciento del mismo se dedica a pensiones, el 14,2 por ciento, a sanidad; el 9,3 por ciento, a educación; el 4,4 por ciento, al desempleo y el 8,2 por ciento, a otros servicios sociales–, lo que supone disponer de uno de los Estados del Bienestar más generosos de nuestro entorno geográfico. Y, sin embargo, la caja de las pensiones de la Seguridad Social presenta un déficit de 18.000 millones de euros, la llamada «hucha» se agotará el próximo ejercicio si se sigue al mismo ritmo de pagos e ingresos, y la mayoría de los nuevos empleos que está creando el mercado de trabajo cotizan muy por debajo de la pensión media. Es decir, hay un primer problema de ajuste coyuntural de ingresos y gastos, y otro, más grave a medio y largo plazo, de sostenimiento estructural del sistema. Ayer, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, planteó en la Comisión del Pacto de Toledo una batería de medidas que pueden ayudar a contener el déficit de la Seguridad Social, aunque a cambio de incrementar el gasto público vía Presupuestos Generales del Estado. Una de las propuestas – que las pensiones de viudedad y orfandad salgan fuera del sistema y se paguen a través del IRPF–, ya ha recibido la negativa frontal del PSOE, con argumentos simplemente voluntaristas, pese a que la Seguridad Social se vería descargada de un gasto superior a los 22.000 millones de euros anuales. Otros representantes políticos han insistido en que la solución está en crear más empleo y de mayor calidad, en lo que más parece una expresión de deseos que una propuesta de actuación. Hay que confiar en que estas primeras reacciones, cuando menos obstruccionistas, de los partidos de la oposición –con salidas de tono estériles, como las de la diputada de Podemos, Aina Vidal, que ha acusado a la ministra Báñez de llevar a cabo una política «irresponsable y totalitaria»– se deban más a la habitual búsqueda de protagonismo de los primeros compases de una negociación que a la falta de voluntad de consenso. Los ciudadanos, que consideran la seguridad de las pensiones como el segundo problema más importante, no lo perdonarían.