No sólo hay que cambiar la fecha electoral, sino reducir gastos

Aunque la prioridad política de España debe ser la formación de un Gobierno estable en el menor plazo posible –cuestión que la mayoría de los ciudadanos, por otra parte, viene exigiendo desde que se conocieron los resultados electorales–, el mantenimiento del bloqueo decidido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a expensas de un más que hipotético pacto de «progreso» con los radicales y los nacionalistas, aconseja prepararse para la repetición de una nueva convocatoria electoral, la tercera, antes de que finalice el año. La Ley de Régimen Electoral es meridianamente clara a la hora de dictaminar el calendario y, dado que la sesión de investidura fallida del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se produjo el viernes 2 de septiembre, las urnas tendrían que convocarse en una fecha tan complicada como es el día de Navidad. Si todo, como se acusa desde el Partido Socialista, fue un designio del PP para ejercer presión sobre los distintos grupos políticos, emplazados a llamar a los electores en un día tan comprometido, o si, por el contrario, el problema surge, precisamente, de la negativa de los socialistas a consensuar el calendario de la investidura –como replican los populares–, el hecho es que el problema está planteado en estos términos y sólo queda abordar la mejor solución posible. Ayer, UPN registró en el Congreso una propuesta para modificar la Ley Electoral en lo que se refiere a la duración establecida de la campaña, reduciéndola en una semana, con lo que la cita en las urnas se adelantaría al 18 de diciembre. Hay que agradecer al partido navarro que, por lo menos, haya puesto sobre la mesa lo que, en aras del tacticismo político, parecía un tabú. Pero ya que la modificación de una ley orgánica, que incide en el texto constitucional, obliga a un amplio acuerdo parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado podría aprovecharse la oportunidad para extender la reforma legislativa a la cuantía de las subvenciones que reciben partidos y parlamentarios por gastos electorales y que, sólo en la última convocatoria del 26 de junio, supusieron para las arcas del Estado 130 millones de euros. Si tenemos en cuenta que en el mes de diciembre anterior ya se había gastado otro tanto y que, además, hay que sumar a esas subvenciones los gastos de composición y funcionamiento de unas Cámaras que no llegaron a ejercer, parece lógico que se intente reducir un gasto público que, no lo olvidemos, se paga con los impuestos de los ciudadanos. Lo ideal, sería la autorregulación, pero, a estas alturas del curso político, no queremos caer en ingenuidades. Los principales protagonistas, es decir, los partidos políticos sin distinción, no renunciarán de buena gana a los ingresos extra que les proporciona la repetición electoral, mucho más en un momento de crisis en el que los gastos de organización superan con mucho a los ingresos. De ahí que sólo sea posible acordar esa reducción del gasto mediante precepto legal, que debería ser acordado con el mayor consenso. Pero si la propuesta no concita el entusiasmo de los nuevos partidos emergentes, que se excusan en que necesitan más dinero público para crecer, bastaría con el acuerdo del PP y del PSOE, al que, de todas formas, acabarían por sumarse los demás, ante el coste político de mantener la posición del máximo gasto posible. Puede que haya que volver a votar, pero, por lo menos, que cueste un poco menos.