Editoriales

Políticos, al margen de la sociedad

Una legislatura frustrada como la actual ni siquiera va a procurar a los ciudadanos españoles el magro consuelo de unos menores gastos parlamentarios. Todo lo contrario. A costa del dinero público, decenas de «asesores» del Congreso, que se han quedado sin función, pasarán ahora a trabajar para sus respectivos partidos políticos en la campaña electoral. Con un agravante: que hasta un total de 86 contrataciones de personal asesor de las Cortes, naturalmente de libérrima designación, se han hecho efectivas cuando ya estaba claro que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no iba a poder superar la investidura. Es más, 13 asesores del grupo parlamentario socialista fueron incorporados el viernes previo a que Sánchez comunicara a Su Majestad el Rey que no contaba con los apoyos suficientes para someterse a la confianza de la Cámara. Por supuesto, todos ellos cobrarán los salarios estipulados hasta que se constituyan las nuevas Cortes, en diciembre, aunque no tengan función alguna que ejercer. En números exactos, los españoles van a pagar con sus impuestos a 267 asesores, contratados por los grupos parlamentarios sin que tengan que acreditar formación, titulación o conocimientos específicos para el puesto. Que 18 de ellos estuvieran destinados a los presidentes de unas Comisiones que no ha tenido oportunidad de reunirse, demuestra la falta de consideración de la clase política hacia sus electores. Luego, vendrán las quejas de esos mismos políticos ante su baja estima social, que reflejan todas las encuestas. Pero ellos mismos se labran a pulso su mala fama, aunque sólo sea porque denota una preocupante falta de correspondencia con la realidad que viven los ciudadanos comúnes, una falta de empatía que obliga a reflexionar. Porque, como denunciábamos en estas mismas páginas cuando supimos los primeros datos de las contrataciones, nada de lo sucedido en el fracaso de la legislatura ha sido óbice para que los partidos políticos con representación en las Cámaras, se hayan apresurado a nombrar asesores, asistentes técnicos y asistentes, que, en principio, debían trabajar en apoyo de los distintos grupos parlamentarios, de las Mesas y de los diputados del común. Y, como hoy publica LA RAZÓN, siguiendo la tónica habitual de no ahorrar ni un solo euro de la partida presupuestaria, sus señorías no sólo se aprestaron a cubrir la mayoría de las plazas disponibles cuando sólo faltaban dos días para el cierre vacacional del Congreso y del Senado, sino que siguieron haciéndolo cuando ya estaba claro que habría que afrontar una repetición electoral. Ya habían hecho el mismo desprecio a las cuentas públicas al nombrar antes del verano a los presidentes, vicepresidentes, secretarios y portavoces de unas comisiones parlamentarias que han resultado inéditas, pero, eso sí, con los pluses salariales correspondientes. Por lo menos, en estos casos, el ciudadano sabe cuánto le cuesta a su bolsillo cada representante de la soberanía nacional que accede a uno de esos puestos institucionales, aunque, al final, no lleguen a ejercerlos, pero con los asesores no sucede lo mismo. Sus emolumentos son secretos, ya que están equiparados jurídicamente a los funcionarios del Estado en lo que se refiere a la protección de datos y a su intimidad. Por supuesto, ningún partido escapa a este fomento laboral, aunque destaca por su dedicación a la causa la formación que preside Pablo Iglesias, que con menos diputados que PP y Ciudadanos ha nombrado más asesores que estos últimos, diez de los cuales se contrataron después del verano. Ya que sería caer en angelismos pedir contención a nuestros representantes políticos, por lo menos se debería exigir que las contrataciones, con expresión de los salarios, se hicieran públicas.

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