PSOE y C's multan a España

La liberalización del mercado de trabajo, incluida, por supuesto, la libre contratación de los trabajadores, no es sólo una exigencia de la Comisión Europea, sino uno de los avances en materia de derechos laborales más importantes de la reciente historia, indisociable de la lucha contra los monopolios y los carteles industriales que distorsionan las economías allí donde se implantan. Es el caso de la estiba en España, en régimen gremial desde los albores del franquismo, que ha lastrado las posibilidades de desarrollo comercial de nuestros puertos y, además, encarece el precio para el consumidor de las mercancías de tránsito marítimo. Al tratarse de un sector muy sensible para la economía de un país, todos los procesos liberalizadores, no sólo en España, han tropezado con el enorme coste político y financiero que provoca la resistencia de los principales afectados, capaces por la posición que ocupan de perjudicar gravemente el transporte marítimo, causar enormes pérdidas al conjunto de la producción y, en su caso, llevar a la ruina a las empresas involucradas. Sería ingenuo pretender que unos trabajadores que se han forjado a lo largo de décadas una situación de privilegio –hasta el punto de convertir una labor dura en algo deseable para sus hijos y demás familiares– renunciaran graciosamente a sus regalías sin plantear una fuerte resistencia sindical. Con este preámbulo queremos señalar que en este campo, como en el del control aéreo, es comprensible que los distintos gobiernos europeos se hayan visto tentados a dejar las cosas como están antes de tener que afrontar lo que, desde todos los puntos de vista, es una anomalía inasumible. Ha sido así hasta que la Unión Europea, con su reglamentación y sus normas de defensa del mercado comunitario y del libre paso de mercancías, servicios y trabajadores, ha venido a marcar un plazo perentorio por la vía de los tribunales de Justicia. De ahí, que lo ocurrido ayer en el Congreso, con el rechazo del Real Decreto de reforma de la estiba por parte de la oposición, sea uno de los peores ejemplos de partidismo oportunista vividos por la democracia española. Podía esperarse de Podemos y de otros grupos de izquierda radical, que, al fin y al cabo, propugnan una economía dirigista, ajena a las reglas básicas del mercado y que siempre acaba por empobrecer a las sociedades donde se aplica, mientras enriquece a las élites gobernantes. El partido de Pablo Iglesias estaba, pues, en su papel y poco cabe reprocharle, si no es el error de fondo. Pero que dos partidos a los que se presupone incardinados en los principios de libertad, juego limpio comercial e igualdad de derechos de la Unión Europea, como son el PSOE y Ciudadanos, hayan contribuido a dejar al Gobierno en una situación de debilidad negociadora frente a los detentadores de un monopolio, no tiene otra explicación que la del puro beneficio partidista por encima de los intereses generales. Peor en el caso del partido de Albert Rivera, que no sólo había comprometido su apoyo al decreto del Gobierno, sino que llevaba en su programa electoral, precisamente, la reforma de la estiba. Tal vez, la oposición –con la loable excepción del PNV– pueda felicitarse por haber exhibido de manera patente la minoría parlamentaria del Partido Popular, pero ese «triunfo» se ha conseguido a costa de los intereses públicos y del dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos. Que nadie se lleve a engaño: los privilegios en materia de prejubilaciones incentivadas o ayudas laborales que acabarán por ponerse encima de la mesa saldrán de la recaudación fiscal, como la multa que nos impondrá Europa, en caso de no acatar sus normas y de incumplir nuestros compromisos.