Respaldo judicial a Gallardón

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido, por una amplia mayoría de votos de sus vocales, 15 frente a 6, avalar la constitucionalidad de una de las medidas de mayor proyección y transcendencia legal del anteproyecto de reforma del Código Penal que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Se trata de la prisión permanente revisable, con la que el Gobierno, lejos de incrementar o endurecer más las penas, que ya son suficientemente altas, trata de resolver una de las disfunciones que más preocupan e indignan a los ciudadanos: la puesta en libertad de delincuentes condenados por delitos gravísimos de asesinato y que provocan una fuerte alarma social, sin que éstos se hayan rehabilitado o mostrado el menor signo de arrepentimiento, con lo que permanece su peligrosidad para la comunidad. La cuestión no está en dictar penas más altas de cárcel, sino en su cumplimiento efectivo. Al mismo tiempo, se equipara al homicidio agravado la tipificación de algunos delitos, como el de secuestro sin dar cuenta del paradero de la víctima, en el que, por ejemplo, quedaría incurso un caso tan terrible como el asesinato de Marta del Castillo, cuyos autores se han beneficiado claramente de la ocultación del cadáver. El pleno del CGPJ considera, pues, que la medida propuesta por la reforma de Ruiz-Gallardón se aviene a la Constitución española, en tanto que mantiene el carácter rehabilitador de la pena, ya que está prevista su revisión entre los 25 y los 35 años de cumplimiento, en contra de la propuesta de inconstitucionalidad que figuraba en un informe previo de una comisión del propio órgano de gobierno de los jueces. Dice el pleno del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, que en la tramitación de la reforma, la nueva medida debería incluirse en el catálogo de penas, para no chocar con el primer apartado del artículo 25 de la Constitución y no incurrir en indefensión, lo que es perfectamente subsanable y no descafeína la pretensión última de la propuesta. No ocurre lo mismo con la «custodia de seguridad», que permite prolongar la libertad vigilada de un individuo después del cumplimiento de la pena, y que sería conveniente que fuera objeto de una relectura en el trámite parlamentario. Pero, en general, puede sentirse satisfecho el ministro Ruiz-Gallardón por el respaldo del Consejo del Poder Judicial. En el mismo sentido, además, se ha expresado el Consejo Fiscal, cuyo informe, que tampoco es vinculante, afirma sin ambages que la nueva ordenación penal no es incompatible con la filosofía constitucional, porque el condenado mantiene una oportunidad concreta y realizable de recuperar la libertad, aunque, eso sí, sujeta a su rehabilitación y resocialización, que es el fin último de la reclusión penal.