Se impone el realismo en Gibraltar

El mayor error que podría cometer Pedro Sánchez es querer resolver la inestabilidad de su Gobierno echando mano de un pleito histórico como el de Gibraltar. En primer lugar, porque en el Reino Unido siguen anidando los tics de la vieja potencia colonial y no va a cambiar su posición sobre la soberanía del Peñón, tal y como ha advertido Theresa May. En segundo lugar, porque la «premier» británica no saldría viva políticamente de esta crisis si el acuerdo del Brexit supusiera un menoscabo a la integridad territorial, incluida Gibraltar. Por lo tanto, el acuerdo que ha sido presentado como un hito sin precedentes de nuestra diplomacia debe ajustarse a la realidad.

Es la única manera de que pueda existir un consenso entre todas las fuerzas políticas y volver a situar este asunto como una cuestión de Estado. Sánchez anunció en una comparecencia de urgencia nada más llegar de su viaje a Cuba que había llegado a un acuerdo sobre el Peñón que suponía una «garantía para abordar una solución a un problema que dura más de trescientos años». Sin embargo, poco se avanzado si tenemos en cuenta que la otra parte ha conseguido que en nada se modificase el Tratado de Salida de Reino Unido de la UE. En concreto, su penúltimo artículo, el 184, causante de esta crisis por su endiablada inconcreción muy característica de la gramática comunitaria, aunque dejaba abierta una interpretación: España no iba a tener la última palabra en las negociaciones sobre Gibraltar.

Sin embargo, al Gobierno no le tendría que haberle pillado inadvertido en esta última fase de la negociación (hace un mes, Sánchez decía que la colonia no iba a suponer ningún problema), sobre todo porque la resolución de que la última palabra sobre el Peñón pasa necesariamente por el visto bueno de España estaba ya estipulado en las directrices del Consejo Europeo fijadas para la negociación del Acuerdo de Salida, en abril de 2017. El Gobierno se ha mantenido firme para recuperar esa posición y amagó con que la Cumbre del Brexit no se iba a poder celebrar hoy porque no iba a contar con el aval de España, lo que hubiera sumido a la UE en una crisis sin precedentes, incluso con el riesgo de perder el derecho de veto, ya que se podría aprobar por mayoría cualificada –por 20 de los 27 estados–.

Sánchez ha aceptado la propuesta que la Comisión le puso encima de la mesa mientras él estaba de viaje en Cuba, que es finalmente la que ambas partes han acordado. En primer lugar, una declaración conjunta del presidente del Consejo y de la Comisión «que descarta que el artículo 184 sea aplicable al ámbito territorial» –es decir, que una vez que Reino Unido deje la UE, Gibraltar no estará incluido en los acuerdos que Londres firme con Bruselas–. En segundo lugar, que el gobierno británico reconozca por escrito esta cuestión. Y, en tercer lugar, el Consejo y la Comisión «refuerzan la posición de España cara a futuras negociaciones». Estas fueron las medidas que el propio secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, había anunciado. Sin bien esta salida, que Sánchez ha etiquetado como «triple garantía», no era la mejor solución para el Ejecutivo, al final se ha optado por la más realista, ya que ni Reino Unido, ni la Comisión –unos por prisas dada las críticas que arrecian sobre Downing Street; otros por no crear precedentes– estaban dispuestos a tocar el Tratado.

La posición del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha sido de un pragmatismo aplastante: «Nadie tiene razones para estar contento». Nadie, de momento, dice estar descontento. El objetivo es salvar el último escollo para aplicar el Brexit el próximo 30 de marzo de 2019. Está claro que el negociador Michel Barnier no se aplicó con Gibraltar como hizo con Irlanda del Norte.