Siempre será en caliente

España ha vuelto a estremecerse ante un crimen infame, el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, de ocho años, cuya desaparición había mantenido en vilo a amplios sectores de la sociedad, íntimamente solidarizados con el sufrimiento de una familia que, hasta el último momento, mantuvo la esperanza de hallarle con vida. No fue así y, dentro de la absoluta desgracia, sólo cabe felicitar a la Guardia Civil por la rápida resolución del caso, que ha permitido desenmascarar a la presunta asesina y, sobre todo, encontrar el cadáver del niño, ahorrando a sus padres, ya que no el dolor de la pérdida, la no menos terrible agonía de la incertidumbre. El crimen entra de lleno en las previsiones de aplicación de la pena de Prisión Permanente Revisable, aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que esta semana comienza el último trámite parlamentario para su derogación, medida instada por el PNV, apoyada por el PSOE y Podemos, y ante la que Ciudadanos ha mantenido una ambigüedad inapropiada ante un asunto de tanto calado político y social. Una vez más, los partidarios de su derogación, enfrentados a la terrible realidad de otro niño asesinado a sangre fría, han argumentado que no se debe «legislar en caliente» y que las penas de prisión no pueden responder a la venganza, sino a la necesaria rehabilitación que impregna los principios de nuestra legislación penal. Sin querer entrar en el maniqueismo de quien confunde la reclamación de la justicia debida con el insano deseo de la venganza, el fácil recurso a la imagen de unos políticos actuando a golpe de titular de Prensa no se sostiene. Entre otras cuestiones, porque la reforma ya está en vigor y porque, desgraciadamente, son muchas las familias que han sufrido en su seno el dolor, éste sí permanente, de crímenes brutales, y que han visto a asesinos de la calaña de Miguel Carcaño, que mató a Marta del Castillo e hizo desaparecer su cadáver, conseguía filtrarse por los recovecos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atenuar su condena. No hay, pues, «legislación en caliente» ante delitos como el que juzga estos días la Audiencia tinerfeña, que costó la vida a un anciano impedido, cosido literalmente a puñaladas en su propio domicilio, por oponerse a que el asesino mantuviera relaciones con su nieta, que era menor de edad. Pero no creemos necesario extendernos en la casuística de unos crímenes que son sentidos con especial repugnancia por la sociedad española, que apoya mayoritariamente la Prisión Permanente Revisable, para defender nuestra posición. Sólo insistir en que lejos de lo que afirman sus detractores, ni se trata de una pena a perpetuidad, puesto que se revisa a los 25 años de cumplimiento, ni es inaudita, ya que está contemplada en la legislación de la mayoría de los países de nuestro entorno, ni es, ni mucho menos, inhumana o degradante, pues tiene, en el peor de los casos, la misma caducidad que los 40 años de cárcel que dicta nuestro Código Penal para los delitos más atroces. En este sentido, y ante el hecho de que sus detractores insisten en la supuesta anticonstitucionalidad de la norma, sería deseable que el Tribunal Constitucional se pronunciara cuanto antes en el sentido que sus magistrados creyeran conveniente. No es de recibo que ante un asunto que preocupa gravemente a la sociedad española, como demuestra la enorme participación en las campañas de recogidas de firmas en contra de la derogación, el Alto Tribunal lleve dos años y nueve meses para resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentó la oposición.