Toda la verdad sobre Caja Madrid

El uso fraudulento de tarjetas de crédito por parte de directivos y consejeros de la antigua Caja Madrid ha provocado una gran indignación en la sociedad española y una sensación de indefensión frente a determinadas prácticas abusivas que, por lo prolongado de éstas (desde 2003 a 2012) y lo extendido (afecta a 86 ex directivos), parece que se realizaban con total impunidad y aceptación por parte de los responsables políticos como efecto del mismo sistema de gobierno de las cajas, en la que los partidos, sin distinción de color, estaban representados. Si es inadmisible que estos hechos tuviesen lugar desde 2003, cuando la economía española crecía un 2,4% y dicha caja vivía aparentemente tiempos boyantes (los hechos demostrarían que no era así), ya que tenía sólo en la Comunidad de Madrid el 31,5% de los préstamos hipotecarios, ya no digamos cuando España vivía de lleno una crisis sin paliativos cuya consecuencia, entre otras, es que miles de ciudadanos no pudieran hacer frente a los préstamos concedidos. En 2012, fecha hasta donde abarca este supuesto fraude, nuestra economía cayó un 1,6% y, en 2009, por recordar una fecha fatídica, se hundió un 3,8%. Éstos son los datos macroeconómicos que, al parecer, no evitaron, ni en los peores momentos de la situación financiera de nuestro país, que decenas de consejeros se beneficiaran de unas tarjetas cuyo uso iba más allá de lo permitido y aceptable éticamente. Hay que recordar que el rescate de Caja Madrid costó al erario público 22.424 millones de euros y que ninguno de sus consejeros se hizo responsable de la gestión. Por lo tanto, era inevitable que la reacción política haya sido inmediata y contundente y haya provocado el cese y la dimisión de algunos de los implicados, aunque deberán dar cuenta, dentro de la opacidad de las operaciones que realizaban con estas tarjetas, de su uso. No hablamos de una cantidad menor: 15,2 millones en gastos que pueden ser vestidos como de representación, aunque todo indica que se hacía un uso personal en restaurantes, viajes, hoteles, ropa, incluso en dinero efectivo. De nuevo, entramos en un capítulo judicial que no debería demorarse, por lo que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu debería tener cuanto antes toda la información y, por parte del Banco de España, el uso concreto de dichas tarjetas, como así ha solicitado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo ayer que «cada vez es más imposible» realizar estas prácticas fraudulentas y reafirmó su compromiso en la lucha para frenar estos abusos. Anunció investigar a las empresas del Ibex 35 por si hacen uso de «tarjetas B», aunque esto tampoco debería llevarnos a confundir las responsabilidades de políticos sin experiencia en la gestión financiera con empresarios experimentados. En todo caso, ahora toca investigar el caso de Caja Madrid.