España involuciona hacia una dictadura encubierta

España involuciona a toda marcha hacia una dictadura encubierta. La estocada definitiva al régimen democrático instaurado con tanto acierto en diciembre de 1978 tiene como triste protagonista a Pedro Sánchez y su fecha de entrada en parada cardiorrespiratoria se ha producido el 9 de noviembre de este año, día el en que se hicieron públicas las genuflexas cesiones del todavía presidente del Gobierno en funciones a los socios independentistas capitaneados por el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. Cesiones que, como las anteriores pactadas con Bildu, dinamitan el orden constitucional que ha propiciado hasta ahora una convivencia próspera y pacífica entre españoles de todo signo y condición, con altibajos esporádicos de violencia instigados por los mismos que a partir de este momento teledirigirán La Moncloa si un milagro no lo remedia.

La puntilla al Estado de derecho, a la separación de poderes, a la igualdad de todos los españoles ante el ordenamiento jurídico vigente y a los principios rectores de la democracia en España se materializa por medio de la negociación por la puerta de atrás de un referéndum de autodeterminación para Cataluña y, posiblemente, para toda aquella región regida por un partido de cuyo voto dependa la permanencia de Sánchez en el poder. También por medio de la amnistía que se concederá a los independentistas que quebraron la paz social y de la investigación subsiguiente a los jueces del mal llamado «procés». Como si los golpistas fueran las víctimas y los titulares de los juzgados los delincuentes. Ver para creer. La puntilla también llega por medio de la pactada cesión de impuestos a Cataluña y de una desmembración de la caja única de la Seguridad Social que abonará la división territorial y la quiebra del sistema de pensiones. Un disparate en toda regla que ya ha recibido cumplida respuesta de millones de ciudadanos de bien en las calles del país, y de organizaciones de toda naturaleza y condición. Algunas, por cierto, de izquierdas. No, la consideración de golpe al orden constitucional no emana solo de PP o Vox. Lo han denunciado el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales superiores de justicia, las asociaciones de jueces y fiscales, los jueces decanos de 80 partidos judiciales, los colegios de abogados, los principales bufetes del país, los inspectores de Trabajo y la Seguridad Social, los interventores, los auditores, los diplomáticos, los guardias civiles, las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio... Una lista interminable de voces críticas e independientes contrarias a la asonada silenciosa que se está produciendo en España. No encontrarán entre ellas las voces del grupo mayoritario del Tribunal Constitucional, órgano fagocitado con antelación para que al final dé a Sánchez el respaldo que ningún jurista digno de tal nombre sería capaz de otorgar. Otro ejemplo más de la colonización de poderes que está haciendo el ejecutivo bajo el mandato del autodenominado Gobierno del progreso, como en la Venezuela de Maduro. Los tics dictatoriales de los próceres de este falso socialismo se vienen produciendo ya desde hace meses. La pandemia fue un gran laboratorio de pruebas de lo que ocurre ahora y de lo que es esta forma de ejercer el poder. Una mezcla perfecta de incapacidad gestora, malicia manipuladora y totalitarismo maquiavélico. Recuerden si no el estado de alarma disfrazado de la más burda apariencia epidemiológica para castigar a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El fin justifica siempre los medios para Sánchez y sus corifeos.