Ferrovial y la seguridad jurídica

El Gobierno ha afrontado la decisión de Ferrovial con un choque frontal que es jurídicamente estéril. En otras ocasiones he glosado la impericia de algunos miembros del gabinete y sus asesores, pero esperaba que las vicepresidentas Calviño y Ribera, altas funcionarias del Estado, no se dedicarían a chapotear en el barro de la política. La primera es Técnico Comercial del Estado y la segunda lo es de la Administración Civil, que son dos de las oposiciones más difíciles y prestigiosas de la Función Pública. Es cierto que ahora son políticas, pero antes que eso se deben al rigor y la coherencia que conlleva su formación. En el caso de la vicepresidenta primera, es experta en temas comunitarios y conoce muy bien los riesgos que comporta realizar actuaciones que contravengan los Tratados o entren en colisión con sus principios. Por su parte, la vicepresidenta de Transición Ecológica es una excelente jurista. No se inscriben en el sector frívolo e inconsistente del gabinete liderado por Pablo Iglesias y sus acólitas.

La decisión del grupo empresarial ha sentado mal. Es lógico. La cuestión de fondo es que deberían esforzarse para que España sea un país atractivo y acogedor para la inversión, tanto nacional como extranjera. El concepto de seguridad jurídica es fundamental en este terreno. Cualquier decisión tiene como primer condicionante que el marco regulatorio sea estable, previsible e incentivador. Las multinacionales trabajan en un escenario global y pueden trasladar sus inversiones a cualquier punto del planeta. Hay muchos factores que se estudian, tanto para establecerse y crecer en un país como para abandonarlo. España ha sido una de las naciones más atractivas del mundo en este terreno, pero ha dejado de serlo. Es algo que se debería corregir. En ocasiones parece que los empresarios son los enemigos, algo que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o Alemania. No solo son aliados preferentes, sino que se les cuida porque son los que crean empleo y generan riqueza. Lo mismo sucede con respecto a los sindicatos que no están politizados a diferencia de lo que sucede aquí. En lugar de atacar a Ferrovial, Sánchez y su equipo tendrían que haber llamado a Rafael del Pino para convencerle, no con palabras huecas sino con decisiones firmes que garanticen esa seguridad jurídica.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)