Un gobierno contra el diálogo social y el empleo

Yolanda Díaz fue una de las grandes damnificadas del oprobioso pleno de los decretos. Los propagandistas de Pedro Sánchez maniobraron para señalar a la vicepresidenta como la derrotada. Se trataba de elaborar un argumentario para contener daños en un escenario desfavorable para Moncloa y sobre todo de que alguien cargara con el muerto de una sesión esperpéntica y de unos enjuagues infames, capitulación constitucional ante Puigdemont incluida. La líder de Sumar, que se ha sentido señalada con toda razón como un eslabón vulnerable por su cainita relación con Podemos, ha reaccionado con urgencia para intentar pasar página cuanto antes y convertir la hiel en miel o algo que la opinión pública pudiera tragar. El contencioso sobre el Salario Mínimo Interprofesional se ha convertido en una ocasión para recomponerse y recuperar iniciativa. La frustración de Yolanda Díaz se ha sustanciado en un portazo al diálogo social, que de facto no existe con una líder populista nada proclive al acuerdo con las posiciones que no son las propias. Se ha hecho acompañar de los sindicatos habituales para rubricar una subida del SMI del 5 %, 54 euros más al mes. Como el chantaje a la patronal no ha funcionado, porque al final se ha mantenido firme en su negativa si el compromiso se articulaba como un mero trágala, Trabajo ha cumplido con su amenaza y ha castigado a la CEOE con un crecimiento del gusto de UGT y CCOO, por encima del planteamiento original del Gobierno. Al igual que con todo en la política económica del sanchismo, hay que coger con pinzas las bondades de un discurso que habla de un beneficio a cerca de 2,5 millones de trabajadores, sobre todo a jóvenes y mujeres, y de «la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y la igualdad salarial», en palabras de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Es ciertamente osado que los líderes del país con mayor paro juvenil de Europa, la mayor pérdida de renta y la peor tasa de pobreza infantil se manifiesten en esos términos. Un manejo ideológico y demagógico de la nómina no es inocuo ni aséptico. En realidad, asistimos a otro incremento de los impuestos al trabajo que lastrará más aún la capacidad de las empresas para contratar y que se sustanciará en un salario neto menor para una mayoría. La realidad es que si el nuevo SMI gratifica a 2,5 millones de empleados, el resto, 17,5 millones, perderá renta por el lastre fiscal del que se nutrirá Hacienda a mayor gloria de la política clientelar de Moncloa. La factura será de 4.500 millones, especialmente para pymes y autónomos. Partiendo de la premisa de que las cifras oficiales de parados son un arcano indescifrable, trampeado a conciencia para desenfocar la fotografía real, con este SMI arbitrario se ha abonado el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo, como ya constató el Banco de España en episodios anteriores. El discurso triunfalista y arrogante de Sánchez y Díaz no se corresponde con una sociedad empobrecida y dependiente en un país que trocea el trabajo, pero no lo crea, inmerso en una deriva peronista.