La ocupación es un problema con mal pronóstico. En un país en el que los precios y los impuestos no dejan de subir, son demasiadas las personas a quienes el empobrecimiento y la necesidad quizás no les dejan otra opción.

Una amiga deportista paralímpica (esquí y piragüismo), tras mucho esfuerzo y dado que necesitaba vivir cerca de sus padres por prescripción médica, decidió comprar un piso que tendría que adaptar gracias a alquilarlo algunos meses en la provincia de Tarragona. Su inquilina dejó de pagar y vivió a costa de mi amiga dos años. Una situación repetida que solo crea indefensión en quienes cumplimos obligaciones y alienta a la delincuencia. Hay mafias de ocupación: organizaciones que aprovechan la situación de vulnerabilidad de tantas familias y les engañan para que ocupen viviendas vacías y cobrarles por ello.

Han sido bochornosas las imágenes de okupas y desokupas apaleándose en una guerra sin cuartel en el madrileño barrio de Carabanchel.

Ante la inacción judicial y el temor a los prolongados procedimientos legales, la promotora de las viviendas optó por contratar a una conocida empresa de desokupación para convencer a los okupas de desalojar las casas, mediante negociación o presión. Sin embargo, en esta ocasión, los autoproclamados «defensores de la propiedad» acabaron huyendo tras ser apaleados por los inquilinos ilegales.

Hay mucha desprotección. En 2023 se registraron más de quince mil denuncias relacionadas con allanamientos y usurpaciones de inmuebles en todo el país. Cataluña es la comunidad autónoma con más casos, especialmente en la provincia de Barcelona, que representa más de una cuarta parte de las denuncias en el país.

Las medidas tomadas no parecen dar buenos frutos y es que la raíz del conflicto sigue intacta: crisis de la vivienda, desempleo y precariedad laboral, una justicia saturada y el derecho a la propiedad que no ha de entrar en conflicto con el derecho a una vivienda digna porque ambos deben ser protegidos.