Los mensajes alarmistas sobre la desigualdad rozan la histeria. Leí hace un tiempo en El País: «Si no combatimos la desigualdad, lo pagaremos con la democracia». La urgente solución de Olga Cantó y otros autores era «intervenir» sobre la vivienda. Si todo esto le parece extraño a usted, señora, agárrese ante la explicación: «una sociedad donde la expectativa de movilidad social es mínima es presa fácil para el individualismo, que destruye la comunidad, y el autoritarismo, que destruye los derechos».

Piketty prologa la jeremiada, que asegura que la riqueza es mala y que no funciona el ascensor social. Aplauden el intervencionismo socialista, pero reclaman aún más expansión del Estado, con más gasto público, más impuestos y acciones «decididas» en la vivienda. Todo para «poner a resguardo el Estado de Derecho», nada menos.

En el mismo periódico publicaron un artículo Yolanda Díaz y sus colegas de Brasil y Sudáfrica alegando seriamente que habían «desmontado los dogmas neoliberales» y la «ola neoconservadora de los años ochenta», la «austeridad», la «desregulación», y que con «una respuesta social y expansiva», que a saber lo que quiere decir, han subido los salarios y pondrán «la innovación tecnológica al servicio de la justicia social».

Todo esto es un dislate, empezando por la idea de que tiene que haber menos desigualdad para que haya más democracia, lo que no tiene base empírica alguna, y siguiendo con que hay que intervenir en la vivienda, sobre lo que sí hay abundante evidencia empírica en sentido contrario: los políticos intervinieron, y por eso la vivienda es escasa y cara.

Por supuesto, el individualismo no destruye la comunidad, es justo al revés, la construye porque es su baluarte. Si la comunidad se sobrepone a la persona, tenemos tiranía, no democracia. Y el autoritarismo, que efectivamente destruye derechos, puede ser democrático, y tampoco faltan pruebas de ello.

La idea de que no hay movilidad social tampoco tiene respaldo, como sí lo tiene el hecho de que la productividad es lo que sube los salarios, no las autoridades, que, cuando intentan hacerlo, pueden castigar numerosas trabajadoras, como han hecho los supuestos progresistas con el servicio doméstico, forzado a integrarse en la economía sumergida.

Pero, dejando aparte los dislates, vamos al problema de fondo: ¿realmente estamos en un mundo que es cada vez más desigual? No pierda de vista este rincón de LA RAZÓN.