La insoportable levedad de las promesas de ladrillo

Se levanta el puente de mayo con los ladrillos de las doscientas treinta mil viviendas que no es un barrio marginal, sino la paloma que sale del pañuelo del gran ilusionista del sanchismo, el propio Sánchez que lo denomina, para presentarse ante el electorado como el gran conseguidor. Le recuerda a Rogelio esto de las promesas de viviendas por cientos de miles, lo de los ochocientos mil puestos de trabajo que prometieron Felipe González en el 82 y Sánchez en el 21 de este siglo, o los dos millones de Zapatero en el 2007. Cuanto más necesidad hay, más se abulta la cifra. Y nunca se alcanza. Al menos Felipe González tuvo el arrojo de reconocer, ante el incumplimiento flagrante, que había tardado en aprender que los puestos de trabajo no los crea el Estado, sino los empresarios.

Las viviendas tampoco las crea y las construye el gobierno central, sino que son cosa de las Comunidades Autónomas, en vivienda pública, o las empresas de construcción e inmobiliarias en el sector privado, pero algún día Sánchez quizá se dé cuenta. O puede que ya lo sepa pero le da igual. En estos momentos lo que importa es que cale el mensaje de que el gobierno construye casas para que los jóvenes y las personas sin recursos puedan por fin acceder a su derecho constitucional a la vivienda.

Y en consecuencia, voten al partido o los partidos del gobierno, que son los que procuran el bienestar de la ciudadanía y velan por el cumplimiento de aquello que hasta hoy le ha negado la derecha y el sistema capitalista aún imperante.

Con ese discurso se construye también la nueva ley de vivienda aprobada el pasado jueves en el Congreso por la mayoría de izquierda, abriendo de paso brecha en el nacionalismo y el independentismo que votaron contra el proyecto como si fueran la derechona española. La derecha se opone a la nueva ley de vivienda, lee Rogelio en los periódicos afines al gobierno, que señalan como el PdeCat o el PNV, que suelen ser votos amables con Sánchez, ejercen en este caso de derecha propietaria para frenar los derechos de quienes deberían acceder a ella.

Izquierda buena y conseguidora, derecha –hasta la independentista que normalmente es menos derecha que la nacional– cerrada y antisocial que no quiere que la gente tenga donde vivir.

Si de paso se pone algo más difícil el desalojo de los okupas, que son el ecosistema del que proceden gran parte de los adalides de la nueva izquierda, y no pocos de sus votos, pues, oye, jugada completa.

Es simple, o simplista, se dice a sí mismo Rogelio, pero a veces no hay que complicarse demasiado para entender las razones de cierta política. Sobre todo si lleva años considerando que el personal es entre bobo e imbécil.

El actual gobierno está prometiendo viviendas para todos desde el comienzo de la legislatura. Ábalos –dónde estará Ábalos– dijo en 2018 que 20.000, tres años después en el 21, se vino arriba y subió a 100.000. Dos más, ya sin él en el gobierno, y en plena campaña electoral por las autonómicas del mayo que viene, Sánchez dijo en un mitin que habría 50.000, unos días después añadió en el Congreso otras 43.000, y ésta misma semana 20.000 más.

A Rogelio le salen en total 233.000, que es una cantidad importante. ¿En cuánto tiempo? Hombre, no le agüemos la fiesta a la propaganda electoral exigiendo precisiones. La mayoría, de ser viable, no llegaría antes de un par de décadas, cuando quienes hoy aspiran a ella o han muerto o están ya jubilados y hartos de esperar.

Pero no hay que preocuparse. Ya ha velado la mayoría de gobierno porque los alquileres no suban y los propietarios se hagan cargo de pagar todos los gastos y los inversores todos los impuestos, en un despliegue de irrealismo político que dentro de poco acaso lleve a la evidencia de que el sistema o no funciona o lo ha hecho a medio gas. ¿Por qué? pues porque del mismo modo que el empleo lo crean las empresas, el mercado de la vivienda no se agiliza interviniéndolo y limitando las inversiones. Eso piensa Rogelio, que, naturalmente, puede equivocarse, pero algo ha leído de experiencias similares que no han salido bien.

Con todo, el problema no es sólo que se aprueben leyes que tendrán o tienen efectos contrarios a los deseados; tampoco que la mayoría de las iniciativas legislativas con el apellido de sociales no han resultado eficaces porque no se ha limpiado previamente la calle por la que tenían que circular y se atascan entre las basuras y los tropezones de la burocracia sin llegar a su destino.

El mayor problema es que todo este trabajo supuestamente regenerador y de recorrido social y justiciero tiene en realidad el tufo de las promesas electorales, el lastre de la intención cortoplacista de supervivencia política, la patética inutilidad de las palabras que se llevará el viento.