Es una excelente noticia que la jueza encargada del caso de la DANA no esté recibiendo críticas personales o descalificaciones por su actuación, más allá del legítimo debate jurídico sobre sus decisiones. Este hecho debería ser lo habitual en una democracia madura, pero por desgracia constituye hoy una excepción positiva que merece destacarse. En los últimos tiempos, hemos asistido en España a numerosas situaciones en las que jueces y magistrados han sufrido ataques y descalificaciones públicas por sus resoluciones, especialmente preocupantes cuando estas proceden de ministros. Frases como «jugar con las cartas marcadas», «no hay caso», «el juez es un prevaricador», o «acusar sin pruebas» constituyen indicios claros de que algo muy grave está ocurriendo en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial. Estas expresiones no solo erosionan la independencia del poder judicial, sino que también socavan la confianza ciudadana en una institución esencial para el Estado de Derecho. Precisamente, esta preocupante tendencia ha llevado al Comisario Europeo de Justicia a expresar públicamente su inquietud sobre la situación en España, como refleja el último informe anual sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea. Este documento alerta sobre la necesidad de proteger y reforzar la independencia judicial, advirtiendo sobre los efectos negativos que generan las descalificaciones públicas a jueces y magistrados. Es fundamental comprender que el desacuerdo con las decisiones judiciales es legítimo, incluso necesario en una sociedad democrática. La crítica sí, la descalificación personal no. Estas descalificaciones ramplonas y faltas de imaginación se repiten en muchas ocasiones sin cambio alguno en su literalidad, lo cual es más grave, puesto que no obedecen a una espontánea reacción, que ya sería negativa, aunque explicable, sino a auténticas y orquestadas campañas de desprestigio y deslegitimación de jueces en concreto. La literatura nos recuerda insistentemente el peligro que supone socavar la justicia. Ya decía Shakespeare en «El mercader de Venecia»: «Si perdemos justicia, ¿qué otra cosa es la soberanía sino latrocinio a gran escala?»; la Biblia, en Deuteronomio 16:20, sentencia con claridad: «La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra». Y desde el ámbito filosófico, John Rawls nos recuerda en su obra «Teoría de la justicia»: «La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». Por tanto, debemos celebrar y proteger aquellas actuaciones, como la que estamos viendo en el caso DANA, en las que los debates se mantienen en el ámbito estrictamente jurídico. Este debería ser el camino habitual para reforzar nuestra democracia: crítica jurídica sí, descalificación nunca. Solo desde el rigor, el conocimiento y el respeto lograremos fortalecer las instituciones y asegurar la confianza ciudadana en la justicia. Cuando a un político le molesta una actuación judicial debería analizar qué es lo que realmente le incomoda: ¿el acto judicial en sí o el examen público de la actuación que determina dicha decisión? Trasladar al acto judicial el reproche que realmente merece la actuación enjuiciada es una peligrosa distorsión. Antes que la norma jurídica se encuentra la ética, y el desprecio hacia esta hoy es máximo. Muchos políticos que cuestionan las resoluciones jurídicas desde la descalificación están muy próximos e inspirados por los comportamientos de los exaltados forofos en el fútbol, dejando a un lado el rigor y el respeto exigibles en la gestión pública. Una democracia en la que los responsables políticos descalifican a los jueces es una democracia que corre el riesgo de terminar siendo defectuosa. El respeto a la legalidad no solo es un principio básico del Estado de Derecho, sino la auténtica fuente de legitimación política en una democracia sana cuyo mantenimiento solo se consigue con comportamientos éticos.