La obscura herencia que deja el sanchismo

Los efectos políticos, institucionales e, incluso, morales de la Ley de Amnistía no se circunscribirán solamente al aciago periodo que hemos dado en llamar «sanchismo», sino que se proyectarán sobre la democracia española en el futuro, legado indeseable e indeseado de una ambición personal. Porque no se cuestiona en vano la legitimidad del ordenamiento jurídico de una nación libre y soberana ni se comercia impunemente con las sentencias de los tribunales independientes ni se enmienda sin consecuencias el texto constitucional. El presidente del Gobierno ha cometido, conscientemente, esos tres errores y ha dejado inerme al Estado contra futuras amenazas nacionalistas –ese «lo volveremos a hacer», que ha sobrevolado todo el tortuoso proceso– y no solo: si el sistema democrático se reduce a la mera suma de votos, si desaparecen los equilibrios institucionales, cualquier cosa es posible, comenzado, como se ha demostrado, por la admisión inicua de que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, basta con que tengan en sus manos los resortes necesarios para llevar a la Presidencia del Gobierno a un candidato con pocos escrúpulos que, además, había perdido las elecciones. Se argüirá que el tiempo todavía no se ha consumado y que el Poder Judicial dispone aún de mecanismos para frustrar la infamia, pero el daño principal ya está hecho desde el mismo momento en que una mayoría parlamentaria, exigua y variopinta, pero mayoría, votó por la deslegitimación de la democracia española frente a quienes querían destruirla. Los Estados democráticos no conceden amnistías a sus detractores, porque el ataque a los fundamentos constitucionales de los mismos es un ataque directo contra la soberanía nacional. Equiparar al régimen surgido de la Transición con la dictadura de Francisco Franco, como se ha hecho desde diversos sectores que apoyan al sanchismo, y no sólo a efectos retóricos, es un acto infame, sin duda, pero cargado de una intencionalidad política profunda que no es posible obviar. Tal vez, la opinión pública, saturada de propaganda populista y harta del maniqueísmo de una izquierda pagada de sí misma, tratará de rebajar el daño y aceptar lo hecho como inevitable y pasajero. Ni era inevitable ni, como planteábamos al principio, será pasajero. Aunque solo sea porque la tensión creada en el seno del Poder Judicial, con el acomodamiento de posturas personales por razones de afinidad ideológica o de promoción profesional, el enfrentamiento entre las propias instituciones del Estado y la desautorización brutal de quienes, en los momentos de mayor desafío, cumplieron con su deber, incluso, con riesgo de sus vidas, pasará factura. La amnistía no es una ley de punto final porque la democracia española gozaba de excelente salud. Queremos creer que sigue siendo así, pero Sánchez nos va a dejar una herencia demasiado pesada.