Una oposición territorial feroz del PP

A pesar del decepcionante resultado de las elecciones generales, el PP dispone de un arma poderosísima para pararle los pies al Gobierno, en caso de que Pedro Sánchez consume la infamia y venda el alma de España a los secesionistas y herederos políticos de ETA a cambio de mantenerse en el poder. Se trata de su hegemonía territorial, tras cosechar un triunfo abrumador en los comicios autonómicos. En total, el partido de Alberto Núñez Feijóo lleva las riendas de doce comunidades, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se trata de todas salvo Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, lo que le da una amplia mayoría en las conferencias sectoriales que tienen encomendada la coordinación de parcelas vitales en el conjunto del Estado.

Especialmente importantes son en este sentido las conferencias sectoriales de Educación y Sanidad, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Al margen del difuso funcionamiento de estos órganos, sujetos a reglas de amplia interpretación, lo cierto es que el ejercicio de la mayoría dentro de ellos debe servir para frenar las «recompensas» de los ministerios a los independentistas para recompensar su apoyo a la izquierda y la ultraizquierda. El Consejo de Política Fiscal, por ejemplo, se antoja decisivo para torpedear posibles quitas de deuda como las que los socios catalanes de Sánchez han exigido. Quitas, no olvidemos, que tendrán que pagar todos los españoles, porque todo lo que se debe tarde o temprano se termina devolviendo, so pena de «default» o quiebra.

Ahora bien, para que este frente opositor resulte efectivo, el PP debe coordinar la acción de sus territorios y plantear una posición única. Hábil como pocos, el PSOE –o lo que queda de él– tratará de aplicar la máxima del «divide y vencerás», que tan buenos resultados le dio en el pasado. Desde esta perspectiva, los barones populares no pueden ir por libre. Por ejemplo, uno de sus presidentes autonómicos no debería aceptar un nuevo acuerdo de financiación que beneficie a su territorio si con él resultan dañados los de los demás barones. El todo ha de primar sobre las partes, aunque ello suponga erosión electoral.

Traigo esto a colación por lo que ha empezado a suceder en Sanidad, un área sensible en donde el PSOE ha hecho de la demagogia y la ineficacia gestora su principal bandera. Resulta que durante años los populares han defendido a capa y espada la colaboración público-privada como vía para combatir el anquilosamiento del sistema público. Allá donde ha existido ese modelo –Valencia y Madrid–, las listas de espera eran menores que donde ha regido la gestión sanitaria directa, sin que el gasto se disparara. No se comprende que ahora, ya con el poder territorial en su mano, el PP se desdiga y renuncie a esa colaboración, o la minimice, porque con ello la gestión se resiente, dándole encima la razón al PSOE. En Valencia ha saltado la sorpresa al consolidar el Gobierno de Carlos Mazón la reversión de centros sanitarios público-privados. También ha causado sorpresa Andalucía al desaparecer el paraguas de una fundación que encima creó el PSOE para insuflar aire empresarial a centros públicos. Alberto Núñez Feijóo y su equipo deben ser respetuosos con el poder autonómico, pero han de coordinar voces y acciones para no incurrir en contradicciones, no dar armas a sus enemigos y ejercer una oposición feroz.