Pensiones: ni Pacto de Toledo ni Pactos de La Moncloa

El alborozo gubernamental por la firma con los sindicatos de un acuerdo sobre la reforma del sistema público de pensiones se ha convertido, a juicio del ministro de Seguridad Social, en «ruido, mucho ruido», ante las acusaciones de «voracidad fiscal» y de «daño al empleo», entre otras, procedentes de sectores empresariales que se sienten marginados de un acuerdo que, sin ninguna duda, debería ser un auténtico Pacto de Estado. El Pacto de Toledo sobre pensiones, como antecedente inmediato y los Pactos de La Moncloa como referencia obligada en la materia, contrastan con un «acuerdo» que deja fuera a los empresarios y a la oposición. Lo dice todo la firma en solitario con UGT y CCOO, auténticas correas de transmisión de los partidos PSOE, IU y Podemos, que se sientan en el Consejo de Ministros. Se afirma que tiene el visto bueno de Bruselas, lo que resulta desconcertante –supuesto sea cierto–, ya que estas dos instancias –política y empresarial– son ajenas y totalmente críticas con ese Pacto, siendo interlocutores necesarios. Para poder pronunciarse con fundamento es obligado conocer en qué términos se ha producido ese plácet. Las posturas son tan acusadas como que el BBVA afirme que la subida pactada con los sindicatos de las pensiones mínimas a 1.200€ y del SMI, significarán una pérdida de 100.000 empleos, a lo que ha replicado el ministro Escrivá que «él fue durante 8 años director del Servicio de Estudios de dicha entidad bancaria». Lo que no sabemos es si con eso le da la razón a dicho informe o todo lo contrario.

La falta de diálogo del Gobierno con el PP y la CEOE en este asunto tan serio lleva a que haya fundamento para pensar que efectivamente esta medida es «un parche para llegar a las elecciones», en palabras de Feijóo. De lo que no hay duda es de que, de tratarse de un Gobierno del PP el que hubiera efectuado una reforma de esta envergadura sin contar con el PSOE y los sindicatos, las calles estarían incendiadas y con una huelga general.

Tras lo sucedido con la ley del «Sí es Sí» y lo que se avecina con la «Trans», surge ahora el bochorno provocado en la CAM en relación a otra prestación como el Bono social, térmico y eléctrico, que llevando más de diez años en vigor, la ministra para la Transición Ecológica encargada de su gestión, se ha enterado de su funcionamiento por la polémica creada. La portavoz de la escisión madrileña podemita de Más País ha pedido la dimisión del consejero Ossorio por percibirlo, con calificativos insultantes cuando su familia también lo estaba recibiendo. Todo lamentable.