Tribuna
Un plan de choque contra la corrupción: cosmético y otra vez contra el empresario
Las medidas anunciadas, si bien interesantes desde el punto de vista teórico, se ven como una patada hacia adelante, con medidas cosméticas y con un grave peligro, que los casos de corrupción puedan ser investigados por jueces elegidos a dedo por el Ejecutivo
El «Plan de Choque» contra la corrupción anunciado por el presidente Sánchez ha generado diversas reacciones, aunque su implementación efectiva y el impacto real que tendrá en la lucha contra la corrupción en España son objeto de un considerable escepticismo por la sociedad y la persona que suscribe.
Una de las principales críticas es la oportunidad perdida, en desarrollar en el Plenario, la importancia crucial que puede tener la Autoridad Independiente de Protección a los Informantes, en la lucha contra la corrupción; se ha echado de menos, describir el papel fundamental que puede jugar esta Autoridad, para combatir la corrupción, sobre todo, con el canal externo, pudiendo definir su alcance, capacidades del sistema informático y de cómo se va a vigilar la gestión de las denuncias.
Entre las medidas propuestas, destacan la creación de Juzgados, con secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados para agilizar los procesos judiciales.
También se otorgará carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos. La Fiscalía Anticorrupción será reforzada con más medios, y se remitirá a las Cortes un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuirá la competencia de instrucción penal al Ministerio Fiscal. Sin embargo, este cambio en la instrucción al Ministerio Fiscal llega en un momento de importante crisis reputacional para esta institución, lo que genera dudas sobre su idoneidad.
El plan también contempla el endurecimiento de penas por delitos contra la Administración Pública, duplicando los plazos de prescripción y aumentando las multas a las empresas corruptoras, calculándolas sobre sus ingresos anuales y no sobre los beneficios. Además, se anuncian listas negras y posibles exclusiones para contratar con la administración pública para empresas involucradas en corrupción. No obstante, se percibe, de nuevo, que el gran damnificado es el mismo, el empresario, que va a sufrir otra vez un endurecimiento de su control, con pocas medidas efectivas que recalen en quien detenta realmente el poder.
El recrudecimiento de la exigencia de un sistema de compliance anticorrupción y una transparencia activa a las empresas se suma a la ya numerosa cantidad de requisitos que dificultan la gestión de las sociedades, y que afectan a la seguridad jurídica, todos ahora, volvemos a pensar en la deslocalización de empresas tan importantes como Ferrovial, que tomó la decisión de salir para evitar la terrible burocracia y control impuesto por el Gobierno de España, sumado a ingentes cambios legislativos. El Ejecutivo, lejos de tener en mente estas circunstancias, recrudece el escenario contra el empresario.
Asimismo, se echan en falta medidas efectivas en los procedimientos de contratación pública, especialmente en la parte de la Administración y el control del procedimiento administrativo de contratación y adjudicación. Expertos en compliance señalamos la importancia de incluir en la gestión pública y sus órganos, medidas de corporate compliance, como, por ejemplo, la figura del compliance officer, que podría dotar a la Administración de una mayor transparencia, control e integridad; otra oportunidad perdida.
Se ha puesto de manifiesto un relanzamiento del Portal de Transparencia, un proyecto fracasado, con una promesa de actualización y controles patrimoniales a altos cargos. También se contemplan medidas de control para partidos políticos en materia de integridad y transparencia, exigiendo mayores controles en las donaciones, si bien habrá que ver si esto se lleva a la práctica, habida cuenta, de que todos estos impulsos y medidas del pasado han fracasado porque se quedan en papel mojado, y no hay implementación efectiva de estos controles, lo que se denomina en la práctica, compliance cosmético.
Las medidas anunciadas, si bien interesantes desde el punto de vista teórico, se ven como una patada hacia adelante, con medidas cosméticas y con un grave peligro, que los casos de corrupción puedan ser investigados por jueces elegidos a dedo por el Ejecutivo, y con una instrucción, realizada en breve por la Fiscalía, que precisamente, no pasa su mejor momento, en cuanto a independencia e integridad. Veamos cómo se despliegan estas quince medidas, aunque todo parece que es más de lo mismo, y que, el empresario, será el que tenga que preparar a sus departamentos legales, de contratación y compliance para esta nueva vuelta de rosca donde se le va a seguir exigiendo más y más.
Felipe García Hernándezes Socio Director de Circulo Legal. Vocal Junta Directiva Internacional de World Compliance Association.