¿Quién es un golpista en España?

Es muy sencillo, quien quiera el Gobierno. No lo son los independentistas catalanes condenados por el Supremo o los fugados de la Justicia encabezados por Puigdemont. En cualquier momento, el sanchismo promoverá una suscripción popular para levantarles unas estatuas conmemorativas en las calles de Madrid. En cambio, Aznar es un golpista por pedir una movilización nacional, con el lema «Basta Ya» que se utilizaba contra ETA, para rechazar la amnistía. El Gobierno socialista comunista considera que es un comportamiento antidemocrático. No se puede protestar por una iniciativa que Sánchez y sus ministros consideraban inconstitucional. El monopolio de las manifestaciones corresponde solo a la izquierda. Tras las disparatadas leyes de la memoria, en sus dos versiones, en cualquier momento promoverán una norma para decidir qué se puede o no decir. La necesidad de un Ministerio de la Verdad es una urgencia nacional, para impedir que los «golpistas» de la derecha política y mediática critiquen al sanchismo, a los independentistas, a los comunistas o a los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. España no puede aceptar comportamientos tan graves como los protagonizados por Aznar.

Al igual que sucedía con los profetas del Antiguo Testamento, Sánchez ha tenido una revelación que le ha iluminado en la recta dirección. En esta ocasión es la amnistía, porque Puigdemont tiene que regresar como un hombre libre y un referente ético. Nunca se produjo una vulneración del ordenamiento constitucional y estatutario. No hubo leyes de desconexión. Cataluña ha sufrido y sufre la represión insoportable de un Estado opresor, aunque gobiernen los independentistas y se utilice el catalán. Los que decidieron la aplicación del artículo 155 CE deberían ser procesados, porque Puigdemont y Junqueras, así como sus colegas, eran inocentes. La amnistía tiene que amparar todo aquello que decida el expresidente catalán y sus amigos incluyendo, por supuesto, los delitos de corrupción, porque en realidad eran patriotas que no cometieron ningún ilícito penal. El enriquecimiento personal o el dopaje de sus partidos se hizo por el bien de la patria catalana. En definitiva, los demócratas son los que vulneraron la Constitución y el Estatuto de Cataluña o los que apoyaron a ETA.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)