Con Sánchez el dinero público no es de nadie

En el frontispicio político del socialismo español figura con especial relieve aquel aserto de Carmen Calvo, entonces en el gobierno de Zapatero, de que «el dinero público no es de nadie». Hasta la fecha en el PSOE no se han desmarcado o han «resignificado» tal sentencia. En esa línea, encaja otro axioma más reciente, ya en tiempos de Pedro Sánchez, sobre que el dinero nunca está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, barnizado además con que tal juicio es «peligroso»; entendemos que para el que administra el erario. Conforman ambas expresiones las vigas maestras de un desempeño político bajo sospecha. El pequeño preámbulo viene a cuento del testimonio en el Tribunal Supremo de Jessica Rodríguez, la mujer con la que José Luis Ábalos mantuvo una «relación particular», conforme a la descripción de la UCO, en el que reconoció que cobró sin trabajar en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec. Declaró además que formó parte de la delegación española en una veintena de viajes oficiales de la entonces mano derecha de Sánchez en el Ejecutivo y en el PSOE. Dejamos al margen el piso de lujo junto a la sede de Ferraz y otros gastos pagados de esta singular relación sentimental para centrarnos en la ausencia absoluta de fiscalización y control de recursos públicos a beneficio de la reconocible amistad del que entonces era uno de los políticos más poderoso de la nación, integrante del núcleo de extrema confianza de Pedro Sánchez. Que todos estos manejos, corruptelas o corrupciones quedaran fuera del radar de todas las instituciones y administraciones implicadas podría ser una negligencia, pero sinceramente nos resulta muy poco creíble, como muy probablemente le ocurra también al instructor. Hay un nutrido grupo de tipos delictivos relacionados con el uso espurio del patrimonio colectivo al cuidado de los servidores públicos de turno, pero dejamos al juez la tarea de dirimir el calado y al alcance de todas estas conductas y si, como a nosotros nos parece, reúnen indicios de criminalidad. En todo caso, y como es nuestra norma, respetamos la presunción de inocencia. Lo de que Moncloa despache una cabeza de turco menor en Tragsa suena a choteo. Algo muy distinto es dirimir los efectos en el plano político de estas andanzas turbias y deshonestas y el retrato descarnado de un régimen que ha deshonrado a la democracia y ha mentido a los españoles para rendir el poder a sus intereses personales. De aquellos polvos de Carmen Calvo llegaron los barros de los ERE, el mayor robo de fondos públicos de la historia de la democracia, «amnistiado» por Sánchez y sus togas constitucionales, Ábalos, Koldo, Aldama, Jessica, Begoña Gómez y, en definitiva, el «caso Moncloa». El dinero de los españoles es sagrado y la Ley debe caer sobre quienes lo malversen o se lo queden. El juez Ismael Moreno ha advertido de «nuevas imputaciones» en la trama Koldo. Se llama estado de derecho.