La tentación de otro gobierno de Sánchez

Supongo que habrá muchos españoles enfrentados al mismo dilema: dejar que Pedro Sánchez gane las próximas elecciones generales y, cubata en mano, desde una cómoda distancia intelectual, ver cómo se hacen un Solbes, o echar toda la carne en el asador para que Feijóo se coma el marrón de los recortes. Porque eso de que los españoles han descubierto el placer de pagar impuestos, que dice la ministra Montero, María Jesús, no deja de ser una supina tontería. El caso es que vienen mal dadas. En Europa se ha tirado mucho de la maquinita de imprimir billetes y toca volver a la austeridad fiscal. Y ya les adelanto que el programa de estabilidad que el Gobierno ha remitido a Bruselas parte de una premisa: los dineros que no afloren por el diferencial de la inflación, habrá que sacarlos de los impuestos. Cualquier otra vía, no deja de ser el sueño de una noche de verano. Entre otras razones, porque la eficiencia de la Administración está sufriendo un deterioro general, cuyas causas son indescifrables, pero que supone tirar por el sumidero miles de millones de euros. Así, los de la Sareb, por citar un ejemplo, han decidido encargar un informe-auditoría para averiguar en qué condiciones de uso y disponibilidad están los cincuenta mil pisos surgidos del multimillonario rescate bancario. Se sabe que unos ocho mil están «okupados» y que la posibilidades de cobrar las rentas en un plazo razonable son escasas. Otras viviendas, sin cuantificar, aunque hay que calcular en miles de unidades, necesitan fuertes inversiones en rehabilitación para colocarlas en el mercado y otras, por fin, son simples apuntes contables, arruinadas por el tiempo y la desidia. Y fue con dinero de los españoles con lo que se creó ese «banco malo» que, por lo menos, ha hecho honor a su nombre. Pero hay más. Cualquier trámite con los organismos públicos es una carrera de obstáculos para el ciudadano del común, desde renovar el DNI, cobrar la primera pensión u obtener una cita con Hacienda. Es una quimera la gestión en tiempo y forma de las ayudas empresariales y una consulta médica con un especialista puede demorarse hasta seis meses. Los mismos que exigen diligencia en el cumplimiento de las miles de regulaciones que, sin solución de continuidad, van poblando los boletines oficiales, con millones de páginas nuevas cada año, son incapaces de adaptar los medios a las obligaciones que nos van imponiendo. Lo hemos apuntado muchas veces, pero hay que insistir, muchos servicios públicos, desde la Sanidad a la Justicia, se sostienen, más mal que bien, sobre los bajos sueldos de los funcionarios y los profesionales. Sin el rebote inflacionario, la cosa podía pasar, pero que jueces, fiscales, abogados de oficio, altos funcionarios, médicos y enfermeras se lancen a la calle para exigir incrementos salariales tiene una explicación sencilla, la de que no se llega a fin de mes. Y en el mercado laboral, el 42 por ciento de los contratos temporales tienen una duración de menos de siete días, con unas empresas pequeñas –el 75 por ciento tiene menos de 5 empleados– que sólo pueden competir a base de bajar los salarios. Y sí, la eficiencia recaudatoria ha mejorado notablemente, pero hay yacimientos fiscales, como los ahorros de las familias, que se están agotando a un ritmo mayor de lo previsto. Lo dicho. Que la tentación de que Sánchez se coma la próxima crisis está ahí. Además, lo mismo se lleva al PSOE por delante.