El expansivo agujero de las pensiones públicas

Cuando pensamos en la jubilación se nos viene a la cabeza la imagen del ahorro: el sistema natural para preparar la fase de nuestra vida en la que ya no podemos depender de los ingresos que generamos trabajando consiste en disfrutar de las rentas que nos proporciona el capital que hemos acumulado a lo largo de la etapa laboral. Pero el sistema de pensiones que nos ha impuesto el Estado no tiene nada que ver con el anterior: se le conoce como «sistema de reparto» y se basa en que los jubilados actuales cobren su pensión a partir de las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores actuales.

Dicho de otra forma, la sostenibilidad del sistema de reparto depende totalmente de la proporción entre la masa salarial y el gasto en pensiones. Si, por ejemplo, los salarios totales de un país son 100.000 millones y la cotización social es del 30%, el gasto en pensiones no podrá superar los 30.000 millones: si lo hiciera, el sistema estaría en déficit y, en la medida en que éste tuviera un carácter persistente, terminaría quebrando.

Actualmente, la Seguridad Social presenta un cuantioso desequilibrio presupuestario (superior al 1% del PIB) que todo apunta que va a continuar ensanchándose en el medio-largo-plazo, aun cuando reduzcamos el paro a lo largo de los próximos años. Y es que, a día de hoy, el salario medio de España es de 1.880 euros mensuales (el salario más frecuente ronda los 1.250 euros), de modo que la cotización social por contingencias comunes asciende a los 550 euros mensuales; a su vez, la pensión media del sistema es de 1.050 euros (si sólo contabilizáramos las pensiones de jubilación, éstas serían de 1.200 euros). Por tanto, como media necesitamos dos cotizaciones sociales por pensión para mantener en equilibrio las cuentas de la Seguridad Social... y ahora sólo hay 1,89.

Primer problema: mientras que los sueldos medios en España llevan estancados desde hace un lustro, las pensiones medias han subido un 30% desde 2008 debido a que los nuevos pensionistas que se dan de alta perciben rentas más elevadas que los que se dan de baja. Por ejemplo, en junio de este año, la pensión de los nuevos entrantes al sistema ascendía a 1.200 euros (las pensiones específicamente de jubilación, a alrededor de 1.500), mientras que la de aquellos que se dieron de baja era de 970 euros (las de jubilación de 1.100 euros): se incorpora gente «más cara» que aquella que sale de la Seguridad Social. Por tanto, para poder afrontar los crecientes pagos previsionales necesitaremos incrementar la ratio de cotizaciones por pensión (a menos que los salarios crezcan más rápido que las pensiones, cosa que no parece probable que vaya a suceder).

Segundo problema: la ratio de cotizaciones por pensión no va a aumentar durante los próximos años, sino a descender acusadamente. Debido a la estructura demográfica de España, la ratio descenderá hasta una sola cotización por pensión durante las próximas décadas. No es un augurio catastrofista: así está ya configurada nuestra pirámide demográfica.

En suma, las actuales condiciones de cobro de pensiones no serán sostenibles en el tiempo, por lo que habrá o que recortarlas o que subir los impuestos (o ambas cosas) para equilibrar ingresos y gastos. No hay otra alternativa realista y conviene que los españoles sean conscientes de ello: si no empiezan a ahorrar ahora para contrarrestar las deficiencias de este régimen jubilatorio fraudulento, injusto e ineficiente, lo lamentarán en el futuro.

Ciudadanos: más impuestos

Dentro de las negociaciones sobre el techo de gasto que se mantienen entre el Partido Popular y Ciudadanos, la formación naranja exigirá al Gobierno de Mariano Rajoy una reforma en profundidad del Impuesto sobre Sociedades para incrementar el gravamen que soportan las empresas españolas (en especial, dicen, las grandes empresas). Desde el partido de Albert Rivera siempre han mostrado una profunda obsesión por extraer más recursos de las compañías españolas para financiar parte del exceso de gasto de nuestras administraciones públicas. A su entender, los «holdings» empresariales no pagan todos los impuestos que deberían debido a que se aprovechan de «lagunas legales» en la configuración del tributo. Pero esas lagunas legales no son en realidad tales: lo único que sucede es que las empresas españolas no tributan, por ejemplo, por los beneficios que han repatriado desde el exterior (y que ya han pagado en el extranjero el correspondiente Impuesto sobre Sociedades), ni tampoco por las pérdidas que hayan soportado en otras ramas de su negocio. Puro sentido común tributario que, al parecer, Ciudadanos quiere enterrar.

Llegan los tipos de interés negativos

La política de tipos de interés negativos establecida por el Banco Central Europeo comienza a ser repercutida sobre los depositantes minoristas. Así, una pequeña cooperativa de crédito alemana, el Raiffeisenbank Gmund & Tegernsee, pasará a aplicar un interés del -0,4% a aquellos clientes con saldos superiores a los 100.000 euros. Se trata del primer paso para que esta misma medida vaya trasladándose cada vez a un mayor número de ahorradores continentales: no en vano, la heterodoxa política monetaria del BCE está castigando a la banca europea con unas pérdidas extraordinarias de 5.000 millones de euros anuales; lógico, pues, que las entidades intenten exportar tales sobrecostes a sus cuentacorrentistas, los cuales se verán a su vez incentivados a dilapidar su ahorro para minimizar semejantes pérdidas. Un auténtico disparate: la economía europea no necesita reducir sus volúmenes de ahorro, sino lograr que ese ahorro se movilice en forma de inversión productiva y sostenible. Pero nada de ello sucederá mientras no aparezcan nuevas oportunidades de inversión que induzcan a los ahorradores a arriesgar su capital sin tener que penalizarlos con tipos de interés negativos.

El BCE se queda sin armas

La economía de la eurozona apenas creció un 0,3% durante el segundo trimestre del año: un ritmo de expansión que es la mitad del registrado en el trimestre anterior. El preocupante estancamiento se debe, sobre todo, a la completa parálisis de dos grandes países: Francia e Italia, cuyo PIB intertrimestral varió un 0%. España —junto a otras sociedades como Chipre o Eslovaquia— creció a un ritmo que más que duplica el de la eurozona. Un año después de empezar a aplicar políticas monetarias expansivas —como la ya mentada de tipos de interés negativos—, su fracaso resulta más que patente: Europa no necesita tramposos parches estimulantes, sino reformas que liberalicen su economía y reduzcan el peso de su Estado. Si estos cambios estructurales no son implementados, el crecimiento sano no regresará: la actual estrategia de cebar el endeudamiento barato para relanzar el gasto interno no sólo no funcionará, sino que, mientras perdamos el tiempo probando métodos fallidos, únicamente estaremos extendiendo una cortina de humo alrededor del auténtico origen de los problemas.