Xabi Alonso, referente del fútbol español y figura destacada en los banquillos tras su reciente fichaje por el Real Madrid, atraviesa un momento complejo lejos de los terrenos de juego. En el foco no está su carrera deportiva, sino el chalet de lujo que posee en San Sebastián, cuya legalidad ha sido impugnada judicialmente y cuya permanencia está en entredicho. La vivienda, construida por su sociedad Tavaro XXI y valorada en unos tres millones de euros, podría enfrentarse a una orden de demolición si prosperan las demandas interpuestas por varios colectivos ecologistas.

Una vivienda de ensueño entre frentes judiciales

El origen del conflicto se remonta al año 2018, cuando Alonso y su mujer, Nagore Aranburu, adquirieron más de 10.000 metros cuadrados de terreno en el paraje de Txalin, en el monte Igueldo, una zona de alto valor paisajístico en San Sebastián. A través de su empresa inmobiliaria, pusieron en marcha un ambicioso proyecto de vivienda unifamiliar, con una arquitectura de líneas modernas y amplios ventanales orientados al mar Cantábrico. El inmueble, de 1.000 metros cuadrados construidos, cuenta con dos plantas, un sótano de otros 500 metros y una piscina infinita, rodeada de naturaleza.

Sin embargo, la polémica comenzó cuando varios vecinos y asociaciones advirtieron que el tipo de construcción no cumplía con la normativa de suelo rural, motivo por el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Donostia anuló en 2024 la licencia concedida por el Ayuntamiento. La resolución judicial concluyó que el proyecto no respetaba la tipología constructiva exigida en esa clase de suelo.

Igueldo: entorno privilegiado, pero protegido

La propiedad está ubicada en Igueldo, una de las zonas más codiciadas de San Sebastián. Este barrio, tradicionalmente agrícola y ganadero, se ha convertido en los últimos años en enclave residencial de alto nivel, pero sin perder su carácter rural y protegido. Situado en una ladera con vistas directas al mar, Igeldo ofrece una panorámica excepcional de la costa vasca, pero también impone restricciones urbanísticas que buscan preservar su fisonomía natural. En este contexto, la construcción de nuevas viviendas está sujeta a estrictas condiciones, y ese es precisamente el argumento que esgrimen los ecologistas para solicitar la demolición del chalet.

Más allá de la edificación en sí, otro de los puntos clave del litigio es el acceso al chalet, que se realiza a través de un camino público de uso restringido. Este vial da servicio a un depósito de agua municipal, y la licencia que permitió su uso temporal por parte de Tavaro XXI caducó el pasado mes de marzo. Pese a ello, según denuncian las asociaciones Haritzalde y Ekologistak Martxan Gipuzkoa, la empresa de Alonso seguiría utilizándolo sin autorización legal.

Las organizaciones han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Guipúzcoa por presunta prevaricación administrativa y usurpación de bienes públicos, al considerar que el Ayuntamiento ha permitido este uso indebido del camino. Además, critican que durante los últimos años se haya compartido al 50 % el mantenimiento de esta vía entre el consistorio y la sociedad privada, cuando, según la ley de patrimonio, ese uso debería limitarse exclusivamente a servicios públicos.

¿Demolición o acuerdo?

Actualmente, el Ayuntamiento de San Sebastián y la empresa de Alonso negocian la posible desafectación del camino como vía de servicio y su reclasificación como vial público, lo que permitiría legalizar su utilización por parte de terceros, incluido Tavaro XXI. Mientras tanto, la sentencia que declara ilegal la vivienda ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), cuya decisión será determinante para el futuro del inmueble.

A la espera de una resolución definitiva, la vivienda permanece deshabitada. Xabi Alonso y su familia residen actualmente en su otra propiedad en Madrid, una lujosa mansión en el barrio de El Viso, valorada en unos 15 millones de euros.

El caso ha reabierto el debate sobre el uso del suelo rural, la equidad en el acceso a los bienes públicos y el papel de las instituciones en la concesión de licencias urbanísticas. Mientras tanto, lo que pretendía ser la casa de sus sueños en su tierra natal se ha convertido para Alonso en una incómoda batalla judicial que amenaza con convertir en escombros su mayor proyecto personal.