Inicio de la desescalada: Test en atención primaria y cribado de pacientes a la entrada

Aunque todavía no se conoce el grado de inmunidad de la población, el confinamiento no puede alargarse de manera indefinida, por lo que Salud Pública ya piensa en cómo afrontar la fase de transición de la forma más segura posible. El Gobierno ya ha anunciado que de continuar con la tendencia descendente en la epidemia, el próximo 2 de mayo los ciudadanos podrán salir, además de para hacer la compra o ir a la farmacia, para dar pequeños paseos y hacer deporte. Pero, progresivamente, se irán abriendo otras restricciones, por lo que el Centro de Coordinación de Emegergencias y Alertas Sanitarias (CCAES) ha elaborado el documento Recomendaciones Sanitarias para la Estrategia de Transición, que se ha presentado al presidente del Gobierno primero y después a la Prensa. “No podemos arriesgarnos a dar un paso atrás, sería un grave problema tanto para nuestro sistema sanitario como para la moral de la población”, ha afirmado el director del CCAES, Fernando Simón.

Una vez asumido que el virus va a seguir circulando hasta que se encuentre una vacuna o tratamiento eficaz, la estrategia se basa “en garantizar que en los próximos meses podremos controlar los nuevos brotes epidémicos o reducirlos de forma suficiente para que no nos afecten de manera tan negativa”. Para encarar la desescalada, se tienen que cumplir cuatro parámetros, ha explicado Simón. En primer lugar, garantizar que el sistema sanitario es capaz de responder ante una nueva onda epidémica, tanto a nivel hospitalario como en atención primaria. En este sentido, el informe del CCAES exige que las comunidades puedan disponer de forma “inmediata” del doble de camas de unidades de cuidados intensivos respecto a antes de la crisis sanitaria y que tengan espacios identificados para poder triplicar estas plazas si fuese preciso.

Segundo, implementar mecanismos suficientes de monitorización para detectar precozmente nuevos brotes. Tercero, dotar a nuestro sistema asistencial de una capacidad diagnóstica adecuada, para identificar casos sospechosos y hacerles seguimiento. Para ello habrá que contar con pruebas suficientes, pero de las PCR, las que detectan si la persona está en fase infectiva, no tanto si ha desarrollado anticuerpos. Y cuarto, garantizar que la población sigue mantiendo la tensión y cumpliendo con las medidas de distanciamiento social e higiene aprendidas durante el periodo de confinamiento.

Si las comunidades autónomas demuestran que cumplen con estas condiciones, “estarán la situación de partida para iniciar una nueva normalidad”. Sobre si se va a aplicar el mismo protocolo de desescalada en todo el territorio, Simón ha respondido que primero hay que delimitar las zonas geográficas que cumplan con criterios epidemiológicos homogéneos para decidir qué medidas específicas se pueden aplicar en cada una de ellas.

La Atención Primaria será fundamental en este proceso

Simón ha detallado que la Atención Primaria deberá tener un papel fundamental en el proceso de desescalada, siendo capaz de hacer un diagnóstico precoz y seguimiento de nuevos pacientes. De hecho, “cuatro o cinco” comunidades ya están dotando de capacidad logística a estas unidades para que puedan hacer pruebas PCR a los casos sospechosos. Pero en este proceso, las unidades de atención primaria no pueden caminar por su cuenta. “Se tienen que establecer macanismos de trabajo para que puedan asumir todo el volumen de casos, así como mecanismos de coordinación con Salud Pública para que haya un buen sistema de información y se pueda hacer un seguimiento de estos nuevos infectados así como de sus contactos”.

Simón ha apuntado que una de las opciones es crear centros específicos para pacientes sospechosos de Covid-19 o bien circuitos separados en los centros de salud y hospitales para las personas con sintomatología respiratoria sospechosa, con el fin de reducir los riesgos de trasmisión. Si esto no fuera posible, otra opción sería “el cribado de pacientes a la entrada”.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que los sanitarios tengan acceso a los EPIS y que haya stock suficiente en el caso de que se produzca una nueva onda epidémica.