Los bandazos de Illa

En los dos meses transcurridos desde el estallido de la pandemia en España, el Gobierno ha dado un giro de hasta 180 grados en varias de las recomendaciones oficiales sobre la lucha contra la enfermedad. La compra y puesta en marcha de los test rápidos fueron consideradas, por ejemplo, como «algo muy importante» por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien recalcó en mitad de la crisis que se trataba de «test fiables». El fiasco de la compra de una partida defectuosa a un precio desorbitado que tuvo que ser retirada y devuelta al intermediario, y los problemas de detección de muchos de los test adquiridos posteriormente llevaron al Ministerio a desaconsejar su utilización. En su última estrategia sobre la pandemia subraya que, «en general, estos no deben utilizarse para el diagnóstico ni para la toma de decisiones clínicas hasta que esté disponible la evidencia que respalde el uso para estas indicaciones».

Con las mascarillas sucede algo parecido. En una comunicación del 5 de marzo, Sanidad aseguraba que «la población general sana no debe usarlas», subrayando que «las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del coronavirus si las llevan las personas enfermas». El 24 de marzo, insistía en su recomendación de que «si estás sano no es necesaria la mascarilla». Casi 20 días después, el 11 de abril, el Gobierno pasó a recomendar su uso a la población general coincidiendo con la vuelta al trabajo de algunos sectores económicos no esenciales. El 4 de mayo el departamento que dirige Illa convirtió su uso en obligatorio en los desplazamientos en transporte público, y el lunes, en el Pleno del Consejo Interterritorial, el propio Illa sondeó a las autonomías sobre la posibilidad de establecer su obligatoriedad en los espacios públicos.

Con la llegada de viajeros el giro también ha sido copernicano. De permitir de forma prácticamente libre la llegada de personas procedentes de otros países cuando el coronavirus se expandía por Asia e Italia antes de la declaración del estado de alarma, lo que hizo que entraran solo procedentes de Italia alrededor de 150.000 ciudadanos, se ha pasado a la cuarentena forzosa de 14 días impuesta el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado. «¿Cómo es posible justificar esta medida para evitar la transmisión importada, siendo un país con transmisión comunitaria acreditada?», se preguntaba ayer en twitter Juan Jorge González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Y, en lo que se refiere a la salida de los niños a la calle, el Gobierno pasó en apenas unas horas de permitir únicamente que acompañaran a sus padres a supermercados, estancos, farmacias y bancos, a dejar que salieran de casa para dar paseos cortos.