Las residencias de ancianos, sin “plan Iglesias” ante un rebrote

¿Están preparadas las residencias de ancianos para afrontar un rebrote, probablemente en otoño, de la pandemia? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que habría que adoptar para evitar una nueva sangría de vidas humanas en estos centros? ¿Cómo impedir que los mayores en grave estado procedentes de las residencias sean rechazados en los hospitales? «Los que viven en residencias tienen derecho a recibir atención médica gratuita con independencia de la titularidad del centro donde residan», señala Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), uno de los principales referentes estatales de la patronal del sector de la dependencia.

«Hay que garantizar que las residencias se integren totalmente en los servicios que la atención primaria presta a la comunidad», prosigue, «tanto en los aspectos preventivos como en los asistenciales. La atención primaria debe aportar y hacerse cargo de los recursos humanos y materiales de los centros de mayores, tener acceso universal al historial clínico de los residentes, compartir los sistemas informáticos... Muchas personas no han podido acceder al sistema de sanidad público en la pandemia y hubo unos cribajes no siempre realizados bajo un criterio de igualdad. Lo ocurrido revela que hay dos mundos, el sanitario y el social, que no se miran. Las residencias no se han situado como primer nivel sanitario hasta finales de marzo; hasta entonces no fueron consideradas como un servicio esencial».

¿Cuál es el modelo de residencia que habría que implantar para que no se repitan situaciones tan trágicas como las vividas durante la emergencia sanitaria? En opinión de Pascual, «no se trata únicamente de medicalizar las residencias, sino de hacer frente a la Covid-19 con una mayor presencia de la atención primaria y respetando el método de atención centrado en la persona que hace posible que los centros se mantengan como el hogar de las personas, y no acabar convertidos en un hospital». Y añade: «El concepto de residencia hacia el que debemos encaminarnos debe estar basado, como en todos los países de nuestro entorno, en tres elementos: el hotelero, financiado básicamente con aportaciones del usuario; el asistencial, que se debería financiar mediante el sistema de servicios sociales con participación del usuario según su capacidad económica, y el sanitario, que debería ser prestado y financiado desde el sistema público de salud».

Precisamente ayer, el vicepresidente segundo y responsable de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, propuso en un encuentro con los consejeros autonómicos del sector la creación de un «grupo de trabajo» para estudiar un nuevo modelo de residencias y cómo éstas pueden hacer frente a posibles rebrotes el próximo otoño. Iglesias expresó su deseo de que ese grupo de trabajo, en el que participarían, además del propio vicepresidente, todas las comunidades autónomas, agentes sociales y expertos en la materia, se ponga en marcha de manera «inmediata», aunque evitó ser más preciso sobre las fechas, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, en un asunto que ya debería tener un protocolo claro.

El encuentro también sirvió para evidenciar, una vez más, las tensiones entre los consejeros del PP en la Comunidad de Madrid y sus socios de Ciudadanos. Mientras la presidenta regional, Isabel Díaz-Ayuso, se ha mostrado siempre muy crítica con Iglesias, al que ha llegado a responsabilizar de la crisis de las residencias, el consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, calificó ayer de «noticia muy positiva» la puesta en marcha del trabajo anunciado por Iglesias. Durante el encuentro, el dirigente de Unidas Podemos pasó por alto cualquier referencia al fondo de 300 millones de euros supuestamente destinado a mejorar la situación de las residencias de mayores que el propio Iglesias anunció a bombo y platillo el pasado 19 de marzo, y del que la patronal del sector asegura no haber tenido noticias.

¿En otoño?

«Lamentablemente, nos están diciendo los especialistas que, sí o sí, viene un rebrote de la pandemia en otoño», sostiene Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, otro de los referentes de la patronal del sector, que eleva a más de 30.000 los ancianos fallecidos en residencias. «De hecho, ya empiezan a aparecer casos aislados de rebrotes: un centro en Gijón, un hospital en Basurto (Vizcaya), una fiesta de amigos en Valencia... Pero ojo, mucho cuidado, porque todo empezó con casos aislados, y éstos pueden ser los primeros avisos. La cuestión es: ¿estamos preparados en las residencias para afrontar las consecuencias de un rebrote? La respuesta, en estos momentos, es no, aún no. Nadie nos ha explicado, por ejemplo, en qué consiste medicalizar un centro de mayores. Y si vamos a medicalizarnos, digo yo que tendremos que empezar ya, ¿no?, porque el otoño está a la vuelta de la esquina».

«El problema es que las autoridades sanitarias no nos dan información», se lamenta Fernández-Cid. «¿Nos van a dejar hacer derivaciones hospitalarias, es decir, enviar pacientes a los hospitales? Dicen que los centros de atención primaria nos darán servicio. Pero, ¿con qué periodicidad van a venir? ¿Y a qué? ¿En régimen de inspección, a ver si estamos haciendo bien nuestro trabajo, o para ponerse al lado de nuestros médicos, con la bata y el fonendoscopio, y empezar a ayudar? Lo que nosotros decimos es que hay que revisar el sistema de coordinación, porque hasta ahora ha sido un desastre».

«Todas las decisiones se están tomando a nuestras espaldas», prosigue Fernández-Cid. «Nos han dado instrucciones de que debemos reservar un 5% de plazas en las residencias por si viene un rebrote. Perfecto. ¿Por qué no lo discutimos conjuntamente? Se ha demostrado que Sanidad no conoce la asistencia social. Por eso han tomado unas decisiones basadas en hipótesis que ni contrastaron ni son ciertas. Entonces, si ya hemos visto lo que ha pasado, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra para afrontar con garantías un futuro rebrote?».