La sanidad privada acusa al Gobierno de dejarla abandonada

La Sanidad privada no aguanta más. Casi cuatro meses después del estallido de la pandemia, las clínicas y centros de titularidad privada que acudieron en socorro del sistema público adelantando el coste de la asistencia y los tratamientos de los miles de pacientes de Covid-19 que les fueron enviado siguen sin cobrar un euro por los servicios prestados. Servicios que salvaron vidas. En un inusual tono áspero, la Alianza de la Sanidad Privada (ASPE), patronal que representa a alrededor del 80% de los centros hospitalarios no públicos que operan en España, acusó ayer al Gobierno de dejar «abandonado» a este sector, y a las autonomías, de no abonar las compensaciones exigibles.

Aspe recuerda, en concreto, que viene solicitando hace tres meses al Ejecutivo español ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública y el consiguiente impacto en el sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral. Aspe alerta además del riesgo de «quiebra asistencial y financiera» de un sector que representa el 3,4% del PIB y emplea a alrededor de 266.000 personas. Según la patronal, aproximadamente 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados al cierre.

Además, lamenta que el Gobierno, a través de Sanidad, haya ignorado la petición de las clínicas de medidas fiscales y financieras tras la situación extrema que han vivido. Durante el estado de alarma, la sanidad privada ha permanecido abierta como actividad esencial, apenas ha recibido pacientes no Covid-19 por el confinamiento, ha sufrido un agudo descenso de ingresos y no ha podido poner en marcha medidas de reorganización laboral de las que se han beneficiado otros sectores. Además, ha constatado que pese a reducirse drásticamente los contagios por Covid-19 respecto a marzo y abril, apenas atienden un tercio de las consultas que registraban antes del estallido de la pandemia por el miedo al contagio y las medidas de seguridad y secuenciación de visitas. En un comunicado, la organización que preside Carlos Rus recuerda que en una reunión de principios de junio, el ministro de Sanidad, Illa, prometió una respuesta en diez días a la solicitud de medidas específicas fiscales y para dotar de liquidez a las clínicas.

Entre ellas figuraban compensaciones por la atención de pacientes derivados desde la sanidad pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de Sanidad autonómicas, así como un IVA superreducido sobre compras de equipos y suministros con efectos desde la declaración del estado de alarma. El sector también pidió ser considerado en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros.

Ya ha transcurrido casi un mes y no hay medidas aprobadas en este sentido. La única vía de liquidez, de hecho, es la que proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector. «Salvo el acuerdo de compensación ya alcanzado con la Generalitat de Cataluña por cada paciente y recurso empleado, en la actualidad no existen otras resoluciones convenidas con el resto de los gobiernos autonómicos». Según un estudio de Aspe, durante la crisis, 124 hospitales privados asumieron el 16% de los pacientes diagnosticados (19.289) y el 14% de los ingresos en UCI (1.536).