Sanidad Pagó 29.700 euros por otros cuatro respiradores no aptos para UCI

El Ministerio de Sanidad ha hecho público hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de la formalización de un contrato que se adjudicó el pasado 27 de marzo, cuando los casos de coronavirus avanzaban en España hacia su pico máximo y las unidades de cuidados intensivos (UCIS) estaban atestadas de pacientes. El contrato fue impulsado por un órgano dependiente del departamento que dirige Salvador Illa, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), envuelto en la polémica por la compra de materiales y equipos en muchas ocasiones pagando precios muy por encima de los que fija el mercado a empresas prácticamente desconocidas en el sector sin apenas estructura detrás. En acuerdo del que informa hoy el BOE se realizó, como tantos otros durante la pandemia, mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” y el adjudicatario es la única empresa que se presentó al “concurso”. En este caso, se trata de Breas Medical, una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio en la localidad madrileña de Alcorcón. El Ingesa pactó con ella el suministro de cuatro dispositivos de ventilación mecánica invasiva y no invasiva modelo VIVO 55 para el tratamiento de pacientes Covid-19. En total, la Administración pública pagó por ellos 27.000 euros, según el BOE, con lo que el precio de cada aparato alcanza los 6.750 euros. Según el contrato, a la cantidad total hay que sumarle 2.700 euros en concepto del 10% de IVA, con lo que el importe final se elevó hasta los 29.700 euros y el de cada aparato hasta los 7.425 euros. ¿Son aptos estos equipos para su uso en las UCIS? Los especialistas consultados por este periódico sostienen que no deben utilizarse para pacientes Covid-19 en estado crítico como los que ingresan en estas unidades a cargo de intensivistas y/o de anestesiólogos. Se trata, aseguran, de ventiladores domiciliarios. “El problema de estos ventiladores es que aunque tienen funciones teóricamente avanzadas, en la práctica no soportan al enfermos durante días de forma continua, y hay que tener en cuenta que un paciente de este tipo necesita mucha ventilación durante 21 o más días”.

El Ingesa, dirigido por Alfonso Jiménez Palacios, justifica la compra en el acuerdo por la necesidad precisamente de atender a pacientes de Covid-19. Según el contrato, “desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero que la situación en relación al Covid-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, los servicios sanitarios soportaron una mayor tensión en el sistema de alertas y en su capacidad para garantizar una respuesta no sólo inmediata, sino continua en su diagnóstico”. Añade que “la situación creada ha hecho que a nivel mundial se incremente la demanda de protección para el abordaje del virus. Esta circunstancia ha desbordado la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento. Por ello, y a fin de garantizar la disposición de estos dispositivos en un plazo razonable se hace necesario la formalización inmediata de compromisos con las empresas comercializadoras”. Estas razones son las que esgrime el Ingesa para suscribir este contrato de emergencia. Las especificaciones técnicas de los equipos VIVO 55 establecen que este ventilador de soporte vital está destinado a pacientes pediátricos de más de 10 kilos y adultos que requieren una ventilación “cómoda y segura”. Según subrayan, el VIVO 55 “combina tecnología de alta calidad, solidez y diseño de primer nivel para el tratamiento de pacientes independientemente del entorno”.