«Testar a los empleados minimiza las consecuencias de la pandemia»

La Comunidad de Madrid envió la semana pasada una carta al Gobierno central en la que solicita que las mutuas puedan realizar test de antígenos a los trabajadores. Las pruebas se realizarían en las instalaciones y con el personal de las mutuas a empleados sin síntomas, y se crearían cerca de 92 nuevos puntos asistenciales.

A la espera de obtener respuesta de dicha solicitud, A TU SALUD ha hablado con Pedro Pablo Sanz Casado, director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), para saber cómo valora esta medida y, de ser aprobada, la forma en que se llevaría a cabo. «Cualquier medida preventiva está orientada a controlar, reducir y eliminar los riesgos. En este caso, el impacto tendría claros efectos para minimizar las consecuencias de la pandemia. Esta medida ya se ha adoptado en distintos ámbitos desde que los test de antígenos y los conocidos como PCR tuvieron la suficiente fiabilidad y estuvieron disponibles. Es sin duda una buena noticia que se intensifiquen las medidas preventivas».

Así, como señala, a solicitud del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña, las mutuas ya han participado en una primera ronda de cribaje, planificada por el Consorcio Sanitario de Barcelona y dirigida a los profesionales que desempeñan sus funciones en las residencias de mayores, de tal forma que cada mutua ha actuado en aquellas residencias que forman parte de su base asociativa. En esta actuación está prevista la alternancia de test PCR y de antígenos».

En su opinión, no sólo es positivo, sino que «en principio no debería existir ningún tipo de escollo. Si bien las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen naturaleza privada a efectos organizativos y de funcionamiento, no hemos de olvidar que su misión es la de colaborar en la gestión de prestaciones públicas de la Seguridad Social, y que a estos efectos cuentan con un órgano de Dirección y Tutela, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que se pueden dirigir las comunidades autónomas para requerir la colaboración de las mutuas y formalizarla mediante un Convenio de Colaboración en el que se establezcan los extremos de actuación de las mutuas».

No hay que olvidar que las mutuas prestan asistencia a más de 17.000.000 trabajadores, que desempeñan sus funciones en 1.384.000 empresas (el 98% de las existentes en España), y que su funcionamiento ordinario no debería verse demasiado afectado por el esfuerzo adicional que supone su colaboración en la lucha frente a la pandemia.

En cuanto a los medios humanos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, cabe señalar que disponen de 9.696 profesionales sanitarios, de los que 1.471 son médicos especialistas, 2.511 son médicos, 3.144 son enfermeros (ATS y DUE) y 2.570 pertenecen al colectivo denominado otro personal sanitario, entre los que se encuentran, entre otros, los auxiliares de enfermería. Además, disponen de 23 hospitales y sus profesionales, situados en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia y el País Vasco, con un total de 717 camas. Asimismo, disponen de 1.038 centros ambulatorios distribuidos por todas las provincias españolas.

Por ello, como asegura Sanz Casado, las mutuas están preparadas para asumir el reto: «Sí, sin duda alguna. Las mutas colaboradoras con la Seguridad Social son el paradigma de la colaboración público-privada en España y una vez más lo han demostrado durante 2020. Las 19 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social han manifestado su compromiso en la lucha contra el coronavirus, poniendo a disposición de los Servicios Públicos de Salud sus recursos sanitarios, materiales y humanos, que se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional. El compromiso y la implicación del sector ha sido una constante desde el principio de la emergencia sanitaria de la Covid-19, con una fluida comunicación con las administraciones públicas sanitarias para que dispusieran de sus profesionales y recursos sanitarios desde el momento en el que fuera preciso», concluye el director de AMAT.