La Sanidad penaliza a las empresas españolas

Durante los meses iniciales de la pandemia, la dependencia exterior española jugó una pésima jugada al sistema sanitario y a los ciudadanos en su conjunto. Ayunos de formación teórica o práctica sobre el funcionamiento del mercado, los altos cargos a los que el Gobierno encomendó la compra de equipos y materiales de protección con los que contener el virus lo desconocían prácticamente todo sobre las empresas con potencialidad para producir en España mascarillas, guantes, batas o hasta respiradores homologados.

Ignorando la lista de proveedores fiables que puso sobre su mesa la patronal tecnológica Fenin, dichos altos cargos se lanzaron a adquirir productos a compañías absolutamente desconocidas en el sector, cuando no piratas, lo que provocó retrasos o la llegada de equipos de baja calidad a precios desorbitados. El resultado de esas gestiones es de todos conocido, pese a no haber sido aún evaluado por el comité independiente que prometió el Gobierno.

Si todo aquello derivó en fracaso, no puede emplearse otro calificativo para describir también la intentona del Ingesa de constituir una reserva estratégica de materiales frente a nuevas pandemias. Aquella reserva no sólo no se completó, sino que la iniciativa soliviantó a las empresas españolas, que quedaron relegadas en las estipulaciones del concurso, en beneficio de las multinacionales. La españolidad no parece dar puntos a las compañías que operan en el sector sanitario, sino todo lo contrario. En uno de sus últimos análisis, Juan Abarca plantea el interrogante de cuánto ha ido a parar a ellas de los 700 millones dirigidos a la compra de tecnología de los fondos europeos para la reconstrucción sanitaria. ¿Y si la cantidad fuera próxima a cero?