Estamos a 20 días de la vuelta a los centros escolares de los alumnos de final de etapa y a cuatro meses del inicio del próximo curso escolar y los centros educativos no saben qué medidas de higiene y distanciamiento por el Covid-19 tienen que aplicar para poder reanudar la actividad con garantías. El Ministerio de Educación y FP no ha consultado a las asociaciones de padres, ni a los sindicatos, ni a las organizaciones educativas ni a las Autonomías sobre cómo abordar el final de curso y nadie tiene una idea clara sobre cómo hacerlo. Ayer, el Consejo Escolar del Estado, el organismo que representa a la comunidad educativa en pleno, acordó solicitar a la ministra Isabel Celaá que acuda a explicar sus propuestas para la «vuelta al cole» después de que anunciara en una entrevista a «20 Minutos» que «si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas». De este modo, unos acudirán de manera presencial y otros seguirán las clases a distancia.

Sus declaraciones, sin embargo, han dejado perplejas a algunas Autonomías, como la Comunidad de Madrid, visiblemente molesta con que Celaá le organice el arranque del curso escolar cuando «no tiene competencias para ello, pertenece a las Comunidades Autónomas y lo suyo sería hablarlo con nosotros», asegura el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio. Tampoco ve factible reducir a la mitad el número de alumnos y la formación a distancia para todos los estudiantes. «Es una propuesta poco meditada». Cree que es factible que puedan seguirlas los alumnos de Bachillerato o los de cursos finales de la ESO, pero «para los de Infantil y Primaria es disparatado porque esos alumnos necesitan el contacto presencial con sus profesores, son etapas en las que se aprenden las enseñanzas esenciales y es absolutamente necesaria la interacción con el profesor, si no, perderían el hábito del estudio».

Murcia se quejó de que no haya habido «ningún tipo de contacto» por parte del Ministerio, mientras que la consejera de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, también dejó claro que no se podrían ampliar las aulas, sino que habrá que acomodarse a los espacios que ya existen en la Comunidad Autónoma, aunque «el número de alumnos y espacios los marcará la autoridad sanitaria». Poco después se supo que Celaá ha convocado a las Comunidades a una conferencia sectorial el 14 de mayo.

Imposible atender a todos

Los profesores tampoco ven viable una reducción a la mitad del alumnado en las clases porque «eso significaría duplicar las plantillas», explica el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández. «Al profesor que está atendiendo presencialmente al alumnado no podemos exigirle que al mismo tiempo atienda a los que permanecen en casa. Y eso en los cursos de Infantil y Primaria es difícil y más aún en cursos superiores». Fernández propone que este asunto se aborde en la próxima Conferencia Sectorial con las Autonomías y también con los sindicatos. Los centros concertados católicos plantean también qué va a pasar con los profesores que sean colectivos de riesgo: embarazadas, personas con problemas de corazón o pulmón, diabéticos, docentes de más de 60 años... ya que en teoría no pueden trabajar en contacto con los niños. «¿Esto puede suponer una reducción de la plantilla? ¿Pagarán sustituciones? No creemos. Entonces, ¿cómo se va a atender a los grupos presenciales y online?», dice Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas. Alfonso Aguiló, el presidente de la patronal de la escuela privada y concertada, CECE, argumenta que «no es fácil saber qué pasará en septiembre. Entiendo que no haya presupuesto para duplicar plantillas, por lo que hay que pensar otras soluciones». Aguiló insta a «buscar soluciones entre todos, hay que reunirse, analizar opciones y pensar las que sean viables; hay que intentar dar el mejor servicio a las familias».