La casta inmunizada

¿Lo he pasado o no lo he pasado? Es la pregunta del millón acerca del coronavirus. Existe una opinión bastante generalizada de que haber sido infectado con el SARS-CoV-2, incluso de manera asintomática, confiere una inmunidad suficiente para dejar de preocuparse por el mal, una suerte de superpoder que permite a los inmunizados olvidarse ya de la pesadilla del contagio.

Aupados por esa posibilidad no pocos países han jugueteado con la idea de utilizar pasaportes de inmunidad que determinen qué ciudadanos han pasado la enfermedad, ya no son contagiosos y por lo tanto pueden tener acceso a determinados servicios sin necesidad de extremar sus medidas de seguridad. La mayoría de las naciones que contemplaron esa posibilidad la han terminado desechando o las han dejado en suspenso.

En los países que se postularon como pioneros en la medida, ha resultado un fiasco. Chile anunció su «carnet Covid» a mediados de abril y se vio obligado a retrasarlo en mayo porque «puede generar graves discriminaciones», en palabras de su ministro de Salud, Jaime Mañalich. Otro tanto ocurrió en Alemania, donde las autoridades pospusieron la implantación del pasaporte inmunológico a la espera de un dictamen del Comité de Ética que asesora al Gobierno.

La implantación de certificados oficiales de inmunidad presenta serios problemas científicos, técnicos, éticos, sociales y jurídicos. Científicamente, el proyecto se sustenta sobre una montaña de incertidumbres. Al contrario de lo que ocurre con enfermedades como el sarampión, en las que la persona que la padece queda inmunizada de por vida, la duración de la inmunidad ante la Covid sigue siendo un misterio. Sabemos por los estudios poblacionales de serología realizados en España y en Alemania que un porcentaje de los pacientes inmunizados perdieron sus anticuerpos en cuestión de semanas.

La protección contra el coronavirus está lejos de ser duradera. El problema puede resolverse imponiendo una fecha de caducidad al certificado, como proponía el frustrado proyecto chileno, pero evidentemente eso resta continuidad y aumenta considerablemente las complejidades del sistema. Para colmo, empezamos a conocer que existen personas protegidas contra la Covid que no desarrollan anticuerpos (reaccionan mediante la producción de inmunidad celular) o que adquieren inmunidades cruzadas que no serían detectadas por los test serológicos. Esas personas deberían tener acceso a los mismos servicios que los poseedores de una cartilla, pero no sería fácil identificarlas.

Técnicamente, los test de inmunidad presentan aún algunas lagunas. Un estudio de la organización estadounidense Covid-19 Testing Project ha descubierto que los 12 modelos de test más utilizados presentan porcentajes de acierto de entre el 81 y el 100 por 100. Eso significa que si se elige el test menos eficaz, 20 de cada 100 personas podrían obtener un resultado falso, lo que convertiría al carnet serológico en una especie de lotería. La OMS ha desaconsejado vivamente el uso de estos pasaportes.

Dilemas éticos

Las lagunas científicas conviven con un mar de incertidumbres éticas. Algunos expertos consideran que los carnets serológicos no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico por discriminatorios y por no compadecerse con las leyes de protección de datos. El elevado precio de las pruebas supone una barrera de acceso a buena parte de la población.

La «nueva casta» de los que poseen anticuerpos estaría formada, sobre todo, por aquellos que han podido permitirse la realización de pruebas periódicas. A no ser que el Gobierno de la Comunidad esté dispuesto a suministrar pruebas masivas gratuitas. En ese caso, el porcentaje de falsos resultados podría ser incluso mayor.

Socialmente, un carnet serológico se parece muy poco a una cartilla de vacunación. Esta segunda nace para incentivar una acción beneficiosa, mientras que según algunos expertos el primero podría empujar a algunos grupos sociales a desear contagiarse para acceder a la supuesta inmunidad y a los privilegios que ella confiere.

El ser humano es muy capaz de eso y más. Durante las oleadas de azote de fiebre amarilla en Nueva Orleans a comienzos del siglo XIX, los trabajadores y esclavos que se habían aclimatado al mal podrían obtener hasta un 25 por 100 más de salario.

Muchos emigrantes arriesgaron su vida de los modos más peregrinos tratando de contagiarse tantas veces como fuera necesario para acostumbrarse a los síntomas y demostrar poder trabajar sin miedo a las recaídas. Convertir a los inmunes en una casta con acceso a privilegios (bien sea un salario extra o poder entrar en la discoteca) tiene sus riesgos.