El Gobierno socialista de Aragón privó de atención médica a los mayores en algunas residencias

El Justicia de Aragón, nombre con el que se conoce allí al Defensor del Pueblo, ha elaborado un exhaustivo informe sobre la situación por la que atravesaron las residencias de mayores durante la primera oleada de la pandemia de Covid-19 en este territorio. Aragón fue una de las comunidades especialmente golpeadas en este ámbito. Según el Boletín Epidemiológico de la Comunidad, hasta el mes de julio murieron en ellas más de 750 personas. Tras analizar la situación, la institución concluye en un informe de 123 páginas que el número de personas fallecidas en centros residenciales de mayores en Aragón gobernada por el PSOE en coalición con otros partidos de izquierdas «no tiene una correlación lógica con las defunciones de otros sectores de la sociedad en sus domicilios particulares, al igual que no lo tienen las situaciones de deterioro y sufrimiento acaecidos en dichos ámbitos residenciales durante la pandemia de Covid-19, lo que debe llevar a la adopción de medidas para evitar su repetición». El Justicia reclama que las personas ingresadas en ellas tengan idéntico acceso a la asistencia sanitaria que quienes residen en su territorio particular. «Sin embargo, no parece que se haya entendido así en muchos casos; en los más graves, afortunadamente minoritarios, ha existido incluso inacción respecto a la asistencia sanitaria in situ en las residencias por parte de los servicios de salud públicos a los que estaban asignados los pacientes. También denuncia la inadecuación de algunos inmuebles, resultando en ocasiones difícil, cuando no imposible, la zonificación de las mismas. Esto ha llevado, denuncia, a aislamientos en habitaciones durante semanas o incluso meses. «Se ha producido una falta de protocolos adecuados para enfrentarse a situaciones de emergencia como la vivida, en especial respecto a la utilización y tenencia de equipos de protección individual, y situaciones de baja laboral del personal. Se ha puesto de manifiesto una escasez de profesionales cualificados en muchos centros residenciales, con ratios escasas, sin que se tenga en cuenta en éstas las reales funciones que cada trabajador realiza. Es preciso un reconocimiento y mejora de sus condiciones de trabajo y su sistema de formación y progresión profesional». También denuncia la «falta de coordinación» entre los Departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales y Sanidad del Gobierno de Aragón, «faltando una red clara para la transmisión de información y directrices desde las administraciones públicas responsables a los centros, ya fueran públicos, pero en especial a los privados».

El Justicia destapa además que «las prolongadas estancias en sus habitaciones más los confinamientos en algunos de los centros residenciales, y la prohibición de visitas a los usuarios han llevado en la práctica a verdaderas limitaciones de derechos fundamentales de los residentes, que aunque pudiendo ser consideradas necesarias para evitar transmisiones del virus, han colocado a los residentes en situaciones de cuasi arresto domiciliario, en condiciones mucho más restrictivas que el resto de ciudadanos, por la única razón de su ámbito de residencia». En este sentido, asegura que las medidas adoptadas tras las primeras semanas por parte de los servicios sociales y sanitarios se ha mostrado adecuada, pero no siempre suficiente. Como recomendaciones, aboga por redefinir el modelo asistencial para los cuidados de mayores que afrontan su último estadio vital con una imposibilidad de vida en un entorno doméstico habitual.