Educación

El PP exige a Celaá los 500.000 ordenadores que iba a dar a alumnos vulnerables

No ha transferido aún a las comunidades autónomas los 260 millones de euros que prometió en junio para este fin

El profesor de Matemáticas de 4º de la ESO, Alejandro Díaz, durante una clase impartida en el colegio SEK Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes
El profesor de Matemáticas de 4º de la ESO, Alejandro Díaz, durante una clase impartida en el colegio SEK Ciudalcampo, en San Sebastián de los ReyesEduardo ParraEuropa Press

Hacen falta ordenadores o dispositivos electrónicos para que los alumnos vulnerables puedan continuar con su formación ahora que se avecinan confinamientos, pero no se terminan de poner los medios para que los 500.000 dispositivos que prometió la ministra Isabel Celaá en junio puedan adquirirlos las comunidades autónomas para así evitar la brecha digital derivada de la pandemia. Es lo que ha expuesto el Grupo Popular en el Congreso en una proposición no de ley que ha presentado para su debate en la Comisión de Educación y FP.

En ella se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a acelerar con «carácter urgente» las actuaciones necesarias para que, en el marco del programa Educa en Digital, las comunidades autónomas puedan adquirir ese medio millón de dispositivos electrónicos adaptados a contenidos educativos para su puesta a disposición de los alumnos más vulnerables. «Eso garantizaría la continuidad de su aprendizaje y el derecho a la educación», expone la iniciativa del Grupo Popular a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los populares recuerdan que, el pasado 16 de junio, el Consejo de Ministros ya aprobó el programa «Educa en digital», dotado con 260 millones de euros, 190 millones a través de Red.es (184 millones de fondos Feder) y 70 millones por parte de las comunidades autónomas con el que se dotaría a los centros educativos de medio millón de dispositivos con conectividad para estudiantes.

La idea era prestar estos ordenadores a los estudiantes con dificultades para facilitar la educación digital tanto dentro del centro como en su casa.

Se trataba de una actuación que el Ministerio que dirige Isabel Celaá calificaba de «emergencia» y aseguraba que se comenzarían a distribuir a lo largo del primer trimestre de este curso. Sin embargo, los 260 millones que comprometió el Gobierno en junio, hace ahora tres meses, «no se han puesto, a fecha de hoy, a disposición de las comunidades autónomas», expone la proposición no de ley.

Sin embargo, a la vista de que la situación por la pandemia va a peor y que los posibles casos de confinamientos de alumnos o incluso de centros puedan incrementarse, los populares exigen «acelerar las actuaciones necesarias para permitir a las comunidades autónomas poner a disposición de los alumnos y, en particular de los más vulnerables, los dispositivos que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y el derecho a la educación». Aunque la ministra Celaá ya reconoció que «tenemos que pasar estos tres meses con lo que tenemos, pues no llegarán antes de navidades», tal y como recoge la proposición no de ley.

Los populares recuerdan que, según los datos facilitados por el Ministerio de Educación, la brecha digital afectó durante el primer confinamiento al 12 por ciento de los alumnos, una cifra que fue cuestionada por otras entidades y expertos en la materia, como el Proyecto Atlántida, que calculó que un 30 por ciento del alumnado, unos 2.400.000 alumnos, no pudieron seguir el modelo a distancia durante la crisis del coronavirus, lo que «se traduce en una pérdida severa de aprendizaje», señala la iniciativa de los populares.

Se da la circunstancia de que España es uno de los países en los que menos se formenta la tecnología y los dispositivos digitales en la enseñanza, según el último informe dado a conocer hace unos días por la OCDE tomando como referencia los datos de PISA de 2018.

Así, y según este estudio, sólo el 53,3% de los escolares considera suficiente el número de dispositivos digitales conectados a internet que se utilizan en los centros educativos, cuando la media de los países de la OCDE es del 67,2%.

La velocidad de internet también es suficiente para el 52,9% de los alumnos, cuando la media de la OCDE se sitúa en el 67,5. Además se da la circunstancia de que sólo el 11% de los docentes se siente incentivado para integrar la tecnología en el aula.