Los 400.000 euros de indemnización de los maristas a las víctimas de abusos: ¿un caso aislado?

Algo (o mucho) está cambiando en el proceder ante las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. De la ocultación, la negación e, incluso el rechazo, se ha pasado a la llamada ‘justicia restaurativa’. Un concepto que va más allá de lo que pueda dictarse por los tribunales civiles o eclesiales. Un perdón acompañado, no solo de un propósito de enmienda, sino de una reparación real. Aun cuando no haya una sentencia judicial de por medio. Compensar, en la medida de lo posible, conscientes de que nunca se podrá sanar por completo el daño causado.

Es ahí donde se enmarca la indemnización de 400.000 euros de los maristas de Cataluña a 25 ex alumnos por las agresiones sufridas hace más de tres décadas por parte de algunos docentes vinculados a la congregación. Se trata de un acuerdo inédito en nuestro país, en tanto que los delitos ya han prescrito, por lo que habría sido inviable lograr una condena penal para los culpables y difícilmente hubieran logrado recibir una cuantía tal tras un proceso judicial. Las víctimas recibirán entre 4.000 y 50.000 euros cada una, fruto de nueve meses de trabajo de una comisión independiente y externa que ha analizado uno a uno cada caso.

Los maristas reconocen de esta manera su culpa, pero, sobre todo, hacen suya la responsabilidad de las secuelas de las vejaciones sufridas por los menores. Así lo han expresado en la carta enviada a cada uno de los afectados, donde les piden “perdón de corazón” y admiten que el dinero no amortigua “el dolor de lo vivido”. “Llega tarde”, reconocen unos religiosos “profundamente avergonzados”, puesto que en estos años se han visto una y otra vez en el ojo del huracán por el caso de Joaquín Benítez, el único profesor de sus centros condenado por lo penal.

La cifra de los 400.000 euros resulta llamativa. Sin embargo, no lo es tanto si se echa un vistazo, por ejemplo, a Estados Unidos, donde diócesis como la Boston han entrado en bancarrota y se han visto obligadas a vender parte de su patrimonio para responder a los daños causado a menores y adultos agredidos.

El Pontificado de Francisco ha estado marcado desde sus inicios por esta lacra, hasta tal punto que en febrero de 2019 por primera vez en la historia un Papa reunía a los presidentes de todas las Conferencias Episcopales del planeta. Y no lo hacía para debatir sobre teología o liturgia, sino en una cumbre antiabusos que supusiera un antes y un después en la aplicación de la ‘tolerancia cero’, tanto en relación al pasado con todos los casos no reconocidos o encubiertos, como en la mirada puesta al futuro en materia de prevención.

Francisco puso a las víctimas en el epicentro para que las escucharan los máximos responsables de la Iglesia católica de todo el planeta. El encuentro supuso un punto de inflexión para borrar todo deje corporativista en el clero al que han seguido reformas canónicas y, sobre todo, un cambio de mentalidad.

Ahí están, por ejemplo, las oficinas de atención a víctimas que desde el pasado mes de mayo están abiertas en todas y cada una de las diócesis españolas. Según confirmaba hace unas semanas el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en estos últimos meses apenas se han recibido denuncias nuevas, que contrasta con el terremoto mediático que se vivió precisamente en fechas cercanas a la cumbre vaticana.

En nuestro país no son pocas las congregaciones y diócesis que están llegando a acuerdos como el de los maristas, aunque sí resulta novedoso en tanto que éste tiene carácter colectivo. En prácticamente la mayoría de los casos, haya o no proceso judicial abierto, se trabaja para acompañar a la víctima y su entorno, facilitarle todas las herramientas para la denuncia y ofrecer todos los medios al alcance para paliar los daños. Y, de la misma manera, buscar un agente externo e independiente que pueda valorar el caso para llevar a cabo la reparación. La discreción con la que se aborda no sería tanto porque quieran ‘taparse’ ante la opinión pública, sino porque no todos supervivientes de la pederastia quieren dar un paso al frente ante la sociedad. En cualquier caso, no significa que la “tolerancia cero” que exige el Papa haya llegado hasta el último rincón.