Semana Santa

Madrid lidera el frente contra el plan de Semana Santa

Cada vez se suman más voces: las islas quieren ser la excepción al cierre. Galicia, Andalucía, Cataluña y Navarra se oponen a ciertas medidas

Ciudadanos pasean por la Gran Vía madrileña con mascarillas.
Ciudadanos pasean por la Gran Vía madrileña con mascarillas.Alberto R. RoldánLa Razón

La Comunidad de Madrid fue la única que desde el principio se opuso el plan de Semana Santa. Pero cada vez hay más voces en contra de algunas medidas acordadas el jueves en la Comisión de Salud. La Comunidad de Madrid, pero también Canarias, Baleares, Andalucía, Galicia, Cataluña y Navarra confían en que el próximo miércoles el Consejo Interterritorial flexibilice el plan de Semana Santa. El cierre perimetral autonómico, limitar el toque de queda a las 22 horas y las reuniones sociales a un máximo de 4 personas son los tres ejes básicos de la estrategia, que no cuenta con el apoyo unánime de todas las comunidades.

La Comunidad de Madrid votó en contra de los tres puntos. Defienden que el cierre perimetral no se ha demostrado efectivo en los puentes de octubre y diciembre. Y también que adelantar el toque de queda provoca el riesgo de «concentrar a muchas personas en poco tiempo». Por eso, piden que se modifique. Ayer, de nuevo la presidenta Isabel Díaz Ayuso expresó su rotundo rechazo a imponer restricciones más severas de las actuales en la región: «No puedo pedir a los madrileños que se arruinen», advirtió. A los que critican que Ayuso no acate el plan de Semana Santa cuando tiene una de las mayores incidencias acumuladas del país, la presidenta responde que los datos de Madrid no se pueden comparar con los de otros territorios porque «tiene una densidad de población específica» y «tiene otros horarios»: «En la capital del país cerrar a las once ya es un riesgo en sí porque es un freno importantísimo a la economía». La presidenta madrileña no está dispuesta a cerrar ni restringir aún más los horarios porque, defiende, «la incidencia va bajando día a día». De hecho, ayer bajaron tanto los fallecidos respecto al jueves, de 38 a 21, como los contagios de Covid, de 1.470 a 1.298.

Canarias y Baleares, por su parte, confían en hacer valer en el Consejo Interterrorial su condición insular para ser una excepción al cierre. El Govern balear considera que sí que hay que imponer cierres en las «comunidades autónomas peninsulares», pero defiende que los archipiélagos se mantengan abiertos con las medidas que tienen hasta ahora porque ya «se realizan controles estrictos en las llegadas». El Gobierno canario comparte la opinión y alega, además, su buena situación epidemiológica, con algunas islas «en nueva normalidad y sin caos». Por ello, el jefe de sección de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Amós García, aclaró que no es necesario un cierre perimetral en Canarias. El que también es presidente de la Asociación Española de Vacunología considera que sí hacen falta medidas restrictivas de cara al periodo vacacional, sin que sea necesario obligar a hacer cuarentena a los turistas porque «ya hay hay un protocolo vigente que exige una PCR negativa a los visitantes del archipiélago».

En el caso de que tanto Canarias como Baleares sean una excepción al cierre perimetral del país, solo podrán estar abiertas al turismo internacional. Además, resultaría paradójico que a ambos territorios se les permitiera abrir y a Extremadura, que actualmente no está cerrada, se le obligara a hacerlo con una incidencia menor: según el último parte del Ministerio de Sanidad tiene 49 casos por 100.000, frente a los 64 de Baleares y los 107 de Canarias.

En contra de ciertas medidas

También hay otras comunidades que critican ciertos puntos del plan. La Junta de Andalucía sí es partidaria de mantener el confinamiento perimetral en Semana Santa porque, en palabras de su presidente, Juanma Moreno, «estamos en un momento meseta y hay que ser prudentes». Sin embargo, su consejero de Salud, Jesús Aguirre, abre la puerta a permitir la movilidad entre provincias «si los expertos lo recomiendan». Galicia, por su parte, se mostró partidaria de que las reuniones sociales puedan ser de seis personas, y no de cuatro como indica Sanidad. También el Ejecutivo del popular Alberto Núñez Feijoo votó en contra de los cierres perimetrales provinciales y de que los estudiantes no vuelvan a casa porque, aseguran, «en las universidades se están haciendo cribados». En cuanto al toque de queda nocturno, consideran que hay que continuar analizándolo.

El Gobierno catalán también cree que es necesario cerrar las autonomías durante la semana de Pascua para restringir los movimientos por el territorio nacional, pero no está de acuerdo con la limitación de las reuniones sociales a cuatro personas. En este sentido, defienden que puedan ser de seis y consideran que son ellos los que tienen que «regular esta cuestión». Otra de las comunidades críticas es Navarra, que pide mantener el toque de queda hasta las 23 horas también en Semana Santa. Desde el Ministerio llaman a la calma. Según la directora general de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, todavía tiene que haber más reuniones y recuerda que el plan no será firme hasta que no lo apruebe el Consejo Interterritorial.