El pasaporte covid pierde ‘visados’; se queda en autorización

El proyecto de un certificado común de vacunación listo para la temporada veraniega va cobrando cuerpo, pero quizás no sirva para impulsar la movilidad turística, tal y como quieren los países con importantes intereses en el sector como Grecia y España. Las capitales europeas han llegado a un acuerdo provisional que ahora deberá ser negociado con el Parlamento Europeo en el que se puntualiza que la facultad de levantar o no las restricciones a los viajeros dependerá de cada Estado miembro.

La propuesta de la Comisión Europea ya incidía en este aspecto en aras de conseguir que las capitales con más dudas sobre esta iniciativa respaldasen este pase verde. El texto aprobado por las cancillerías endurece el texto inicial del Ejecutivo comunitario y señala que “esta regulación no debería abarcar las decisiones de los Estados miembros a la hora de imponer o no aplicar las restricciones a la libre circulación puestas en marcha, de acuerdo con la ley comunitaria, para limitar la extensión del coronavirus”. De hecho, las capitales europeas quieren que este documento incluya el siguiente texto: “este certificado no es un documento de viaje. Las evidencias científicas sobre el coronavirus en cuanto a la vacunación, test y recuperación siguen evolucionando, también en relación a las nuevas variantes del virus. Antes de viajar, por favor compruebe las medidas de salud públicas y las restricciones relacionadas en el punto de destino”.

Varios países europeos como Bélgica, Francia u Holanda recelan de esta propuesta ya que no existen evidencias científicas suficientes sobre si las personas ya inmunizadas pueden seguir contagiando o no el coronavirus y, debido a la lentitud en la campaña de vacunación europea, muchos ciudadanos de los grupos de edad más jóvenes todavía no han podido recibir en antídoto. En el caso de los niños, las vacunas no son aptas para ellos.

Para superar estas reticencias, cada país podrá decidir si, por ejemplo, mantiene o no las cuarentenas y/o pruebas pcr a los viajeros ya inmunizados que acudan a su territorio. Esto significa que si un ciudadano español ya vacunado quiere programar sus vacaciones de verano en otro país europeo puede encontrarse con diferentes restricciones en cada Estado miembro. Esta legislación europea tan sólo obliga a que estas limitaciones no se produzcan de manera discriminatoria y afecten a todos los europeos por igual. Como modo de no volver a repetir el caos vivido en los últimos meses, el texto pide a las capitales que informen, en un plazo de 48 horas, de la imposición de restricciones a los viajeros vacunados, el motivo y su duración.

Para que los no inmunizados no vean mermados sus derechos, el texto puntualiza que este certificado “no es una condición previa” para poder moverse libremente por la UE. Este documento será gratuito, bilingüe y contará con un código de barras en el que aparezca no sólo si el viajero ha sido o no vacunado, con qué antídoto y cuántas dosis le han sido suministradas y en qué fecha sino también si ha pasado un test o si ha desarrollado anticuerpos al haber sufrido el coronavirus con anterioridad. Este documento podrá ser utilizado en formato digital o impreso. La meta sigue siendo que todo el trabajo técnico para conseguir la interoperabilidad del certificado esté listo en el mes de junio, justo antes de las vacaciones de estío. Se espera que la Eurocámara fije su posición sobre este tema en la sesión plenaria del 26- al 29 de abril.

Los estados miembros tan sólo estarán obligados a reconocer las vacunas que cuentan con la autorización condicionada de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés). Hasta ahora, tan sólo han recibido esta luz verde los antídotos desarrollados por Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. De momento, la vacuna rusa Sputnik queda fuera de esta lista, a no ser que reciba este aval en los próximos meses ya que el organismo comunitario está estudiando su eficacia y riesgo.

Como modo de proteger los datos, serán las autoridades nacionales que emiten este certificado con esta información las únicas autorizadas para retener los datos. Las capitales europeas también han limitado el plazo de uso de este documento. La Comisión Europea defendía que se mantuviera en vigor hasta que la Organización Mundial del Comercio declare que la pandemia ha terminado mientras que las capitales consideran que esta iniciativa debe tener una vigencia tan sólo de un año que después puede prorrogarse si la Comisión Europea emite un informe que aconseje su prolongación y ésta es respaldada por las capitales europeo y el Parlamento Europeo.