Liberar las patentes de la vacuna: ¿sí o no?

Liberar las patentes de las vacunas es una práctica contemplada dentro de la ley teniendo en cuenta el interés social. De acuerdo con Román Pérez Sánchez, abogado experto en patentes de Silex, «la legislación española en la ley de patentes distingue entre la expropiación y las licencias obligatorias. La primera sería una medida más gravosa porque implica que el titular de una patente, en este caso un laboratorio, pierde la propiedad sobre una patente y el cálculo de precio es bastante complejo. En el caso de la licencia obligatoria se vería obligado a conceder a un tercero una licencia que le permitiera fabricar o desarrollar la vacuna. Estas licencias obligatorias pueden darse cuando existan motivos de interés público y correspondería al Gobierno, mediante un real decreto, someter una patente o una solicitud de patente a este régimen. Y en el real decreto se deberían establecer las condiciones, el alcance y la compensación que se darían por esta licencia». Algo que vale la pena aclarar es que las licencias se llevan a cabo por país y por medicamento. España, por ejemplo, debería emitir una licencia obligatoria para la vacuna de Pfizer y otra para la de AstraZeneca, pero solo servirían para España.

A lo largo de la historia hay pocos casos de licencias obligatorias vinculadas a la industria farmacéutica. En 2001 se concedió una en India para la exportación de un antiviral contra el VIH, destinado a luchar contra la pandemia de SIDA que asolaba al continente africano. El mismo año, durante los ataques de ántrax (se enviaba polvo con ántrax a través del servicio postal), el Gobierno de Estados Unidos amenazó a Bayer (propietaria de la patente del antibiótico ciprofloxacina) con emitir una licencia obligatoria si no reducía el precio. Otro caso, más reciente, tiene que ver también con India, que en 2012 otorgó su primera licencia obligatoria vinculada asimismo a Bayer para el tosilato de sorafenib, un medicamento contra el cáncer.

Obviamente Bayer fue compensada por esta licencia obligatoria, en la que, como comentaba Pérez Sánchez, se estipula un tiempo de uso y una cantidad que recibe la farmacéutica.

Todo esto tiene un coste que no solo es económico. Para Carmen Álvarez Domínguez, profesora de Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Internacional de La Rioja, «la importancia de las patentes y su repercusión en la investigación básicamente tiene que ver con la importancia en el avance de medicamentos, así llega la ciencia básica a los laboratorios. Ayuda a que las farmacéuticas vayan a la ciencia básica y se generen más posibilidades. Sin las patentes la mayoría de los medicamentos no hubieran pasado del laboratorio y ciertamente no hubieran llegado a los pacientes. Y luego las patentes también son importantes para los propios grupos de investigación. Esto permite contratar más investigadores y continuar los estudios. Sin las patentes la financiación sería muy difícil de conseguir. Son un punto de aliciente para las investigaciones».

En pocas palabras, sin el aliciente de las patentes (y la posibilidad de generar dinero con ellas para invertir en nuevos desarrollos), muchas investigaciones no se llevarían a cabo. Pero esta relación tiene un tercer protagonista: la ciencia, las leyes y, por último la sociedad. Para Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos sin Fronteras, el problema ahora es que tenemos un cuello de botella enorme en la capacidad de producir vacunas.

«Ahora mismo la producción está controlada pura y exclusivamente por quienes tienen la patentes de las vacunas. Los únicos que tienen la potestad son ellos, pero la capacidad la tienen cientos de laboratorios. Lo que pretende la supresión de las patentes es suprimir de manera temporal la patente hasta que consigamos la inmunidad global. Pero no se trata solo de dar la «receta» de la vacuna, sino de compartir el conocimiento de producción y es un proceso enormemente complejo que no se da de un día a otro. Lo que ahora mismo necesitamos es aumentar la producción y que esas vacunas lleguen de forma equitativa a los distintos países para eliminar las consecuencias nefastas a nivel humano, de salud pública y económica. Esto no va solo de que nos vacunemos al 80% algunos países, sino de hacerlo todos». Así, el proceso de licencia obligatoria no implica que si se lleva a cabo mañana estarían todos fabricando vacunas, se daría por países y el proceso puede tardar de cuatro meses a años.

A todo esto hay que sumarle, por si no fuera suficientemente complejo, que algunas vacunas se han desarrollado con fondos privados mientras que otras, como la desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, habría sido financiada hasta en un 97% con fondos públicos, según un estudio publicado en MedRxiv y firmado por científicos del Imperial College de Londres.