El contrato de la UE con AstraZeneca exime a la farmacéutica de pagar multas por incumplimientos

Tras meses de trifulca ante la opinión pública, comienza la batalla judicial. Esta pasada semana, representantes del laboratorio AstraZeneca y de la Comisión Europea se vieron por primera vez las caras en los juzgados de Bruselas como paso previo a la audiencia pública que tendrá lugar el próximo 26 de mayo en el tribunal de primera instancia de lo civil. Se espera que el proceso se tramite de manera rápida y pueda concluir en el mes de julio, aunque cabe el derecho de apelación. Los intentos de arbitraje de los últimos meses, para encontrar una solución negociada y no tener que recurrir a la justicia, han resultado infructuosos.

Según repiten los portavoces comunitarios, el propósito reside en que la compañía farmacéutica cumpla lo estipulado en su contrato suscrito con los Veintisiete para que los viales lleguen lo antes posible, pero el laboratorio AstraZeneca ya ha anunciado que se defenderá con uñas y dientes y niega las acusaciones realizadas por Bruselas.

AstraZeneca ha entregado en el primer trimestre del año tan sólo 30 millones de dosis frente a los 120 comprometidas y en este trimestre ya ha anunciado que tan sólo podrá suministrar 70 millones frente a los 180 pactados. Esto significa que en la primera mitad del año la empresa farmacéutica entregará tan sólo un tercio de las dosis previstas (100 de un total de 300) Debido a esos retrasos, los Estados miembros han renunciado a la compra de los 100 millones de dosis adicionales opcionales a las que tenían derecho según el convenio suscrito con la empresa anglosueca. Pero parece que no sólo se trata de números. Se cierne una guerra palabra a palabra, punto a punto, coma a coma.

La compañía alega que en el contrato aparece negro sobre blanco en varias ocasiones la expresión “mejores esfuerzos razonables” ligado al ritmo de producción y entrega de las vacunas, lo que permite al laboratorio variaciones en el calendario de entrega según las circunstancias. La Comisión Europea no acepta esta interpretación, pero cada vez hay más informaciones que dudan sobre la pericia del Ejecutivo comunitario a la hora de negociar este contrato con el laboratorio.

Según reveló la revista belga Knack, Bélgica encargó un informe a la consultora internacional Deloitte en la que ésta advertía en el mes de agosto de que el convenio suscrito contenía algunas lagunas, pero Bélgica prefirió no pedir cambios ante el temor de que esto retrasara las negociaciones. “Creemos que hay buenas razones para esperar a que el calendario de entregas previsto sea respetado”, aseguraba en informe de Deloitte publicado por Knack a la vez que advertía de que “sin embargo, no existen sanciones ( en el contrato) si las fechas o cantidades de suministro no son respetadas”. Quizás como manera de poner la venda antes que la herida, los portavoces comunitarios inciden en que el propósito de esta demanda, apoyada de manera unánime por todas las capitales europeas, reside en que las dosis lleguen lo antes posible y no se refieren en ningún momento a posibles multas multimillonarias.

En plena batalla ante la opinión pública sobre quién decía la verdad, las dos partes pactaron el pasado 29 de enero la publicación de una versión censurada sobre este contrato con múltiples tachones. A pesar de que el texto estaba mutilado, podía leerse con relativa claridad que el laboratorio se comprometía a poner a disposición de los Veintisiete la producción de sus dos plantas en suelo británico. “AstraZeneca hará sus mejores esfuerzos razonables para fabricar la vacuna en los sitios de fabricación ubicados dentro de la UE ( que, a efectos únicamente de esta sección, incluirá el Reino Unido), reza una de las cláusulas.

La farmacéutica ha negado durante todos estos meses este deber y de, hecho, el letrado de la compañía en este proceso judicial, Hakim Boularbah, siguió rechazando esta interpretación del convenio en la vista previa que tuvo lugar este pasado miércoles. De hecho, en estos meses Reino Unido no ha exportado ni un solo vial a suelo europeo. Para curarse en salud, la Comisión Europea ha anunciado que en su próximo contrato con el laboratorio Pfizer de cara a la vacunación en 2022 y 2023 se asegurará de que tanto la producción como los ingredientes “esenciales” de la vacuna están radicados en los Veintisiete.

Pero a pesar de que Bruselas consiguió apuntarse un tanto con esta publicación parcial del contrato, los tachones contenían más información relevante, menos beneficiosa para las tesis comunitarias. El texto completo desvelado por la cadena italiana Rai también exime al laboratorio de ser demandado por la UE en caso de retrasos en el suministro. La única excepción a esta cláusula se refiere al incumplimiento pro parte de este laboratorio de “las buenas prácticas en la producción” o en caso de “mala conducta intencional o fracaso a la hora de cumplir con los requerimientos regulatorios comunitarios”. Se espera que los abogados de la Comisión Europea intenten invalidar esta cláusula, si logran demostrar que no resulta compatible con la ley belga.

El abogado de Llarena defiende a AstraZeneca

El mundo es un pañuelo, más en determinados círculos. El letrado encargado de defender al laboratorio anglo-sueco no es otro que, Hakim Boularbah, el mismo contratado por el gobierno español para defender los intereses del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, tras la demanda interpuesta por Carles Puigdemont ante la justicia belga. Un pleito que acabó resolviéndose a favor de España. Aunque la Comisión Europea cuenta con sus propios servicios jurídicos, la jurisdicción belga le obliga a contratar a abogados privados. En este caso, los letrados elegidos son Rafaël Jafferali y Paul Alain Fories del despacho Simont Braun.