Los obispos aceptarían una auditoría externa sobre los abusos

Moncloa ha filtrado la hoja de ruta que seguirá para radiografiar esta lacra. Esta misma semana, los socialistas registrarán en el Congreso una proposición no de Ley en la que encomienda al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, elaborar un estudio sobre la pederastia eclesial «con el apoyo de una comisión independiente de asesoramiento formada por expertos, representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia». El objetivo, tal y como reza el texto, sería determinar «hechos y responsabilidades», reparar a las víctimas y planificar políticas públicas de prevención. El resultado del trabajo se remitiría a las Cortes y al Gobierno para adoptar «las medidas necesarias».

Los obispos se mostrarían, en principio, favorables a este equipo multilateral pilotado por Gabilondo. Aunque la postura de la Conferencia Episcopal se consensuará en la Comisión Permanente, la Comisión Ejecutiva y la Asamblea Plenaria, a priori no se levantará un muro de oposición a Pedro Sánchez. De hecho, el vicepresidente del Episcopado, el cardenal Carlos Osoro, ha manifestado que no ve «inconveniente» a una investigación externa. Eso sí, con una apostilla: «Desde la verdad y en todos los ámbitos». O en otras palabras, evitando circos políticos y auditando la pederastia más allá de las sacristías, allí donde es vulnerada la dignidad de los menores.

Esta apreciación no es baladí, puesto que hay un malestar manifiesto del Episcopado con Moncloa. No tanto por la propuestas en sí de una auditoría externa, si no por «la estrategia» utilizada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Los obispos han perdido la confianza en el Gobierno que habían labrado a través de las tres comisiones mixtas de trabajo abiertas y temen que este anuncio sea otra «trampa» o un «golpe de efecto» al haber visto traicionada al menos en dos ocasiones en menos de dos semanas la «lealtad y confidencialidad institucional» en las relaciones Iglesia-Estado. De forma implícita se ha referido a ello en un tuit el secretario general de los obispos, Luis Argüello. «Cuando la opinión pública es más importante que la verdad, la confianza se resquebraja».

Esta falta de «juego limpio» se evidenció con el reciente informe de las inmatriculaciones elaborado por los obispos. El lunes 24 de enero, mientras Sánchez agradecía al presidente de los obispos, Juan José Omella en la sede del Episcopado, el buen hacer de la Iglesia al corregir los errores del estudio encargado al Ministerio de Justicia, desde Moncloa distribuyeron un Whatsapp que hablaba de una supuesta devolución de 965 bienes apropiados indebidamente, una versión falsa que nada tenía que ver con la nota conjunta acordada.

A pesar de esta «decepción» los contactos han seguido adelante estos días en relación a los abusos. Sin embargo, frente a la discreción de los obispos «un tema tan delicado donde no se puede exponer a la ligera públicamente el dolor de las víctimas», ayer de nuevo se vieron noqueados cuando los planes del Gobierno se airearon.

Además, a los obispo lamentan que Bolaños haya desestimado hacer un informe integral de los abusos, cuando la pederastia de los clérigos se sitúa un 0,2% frente la violencia intrafamiliar que sufren ocho de cada diez niños agredidos.