«Mantenía puntualmente informado a Illa durante toda la contratación»

El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez Palacios, negó ayer en sede judicial las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario durante la primera etapa de la pandemia. Aseguró, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.

Jiménez fue citado a declarar ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid en calidad de querellado después de que el partido Vox presentara una querella en mayo del año 2020 contra él y otros cargos por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario por parte del Gobierno en marzo de ese primer año de pandemia.

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, que acudió al interrogatorio, señaló en declaraciones recogidas por Europa Press que el director de Ingesa, adscrito al Ministerio de Sanidad, aseguró que «tenía contacto directo con el ministro Illa, dos veces al día» y que le «mantenía puntualmente informado de toda la contratación» relativa a la compra de mascarillas, respiradores, y pruebas PCR. Castro indicó que el director de Ingesa en el marco de su declaración subrayó que el procedimiento de contratación se hizo «bien al 100%».

La vicesecretaria jurídica de Vox insistió, sin embargo, en que «la Junta de Contratación el mismo día 20 de abril de 2020 ya les dijo que no estaban siguiendo los trámites ni de publicación ni de contratación adecuados».

Según Castro, en el interrogatorio de ayer los querellados asegurarn que «el listado de los contratantes lo facilitó el embajador de España en Pekín» y se han desmarcado tras destacar que ellos que «no tenían ninguna responsabilidad» sobre dicho directorio de empresas.

Desde Vox han hecho hincapié en que «310 millones de las arcas españolas fueron a empresas chinas en las que en muchos casos hubo deficiencias» y en las que, además, se «incumplió» al momento de informar quiénes eran y que experiencia tenían.

Por su parte, Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, negó su participación en los hechos que se investigan y aseguró que los contratos de respiradores los llevaba «directamente» el secretario general del ministro de Sanidad, según incidió Castro. Así las cosas, el partido ha recordado que Illa, en su momento, avisó de que trasladaba estas competencias de Sanidad al Departamento de Hacienda. «La directora general de contratación de Hacienda ha dicho que su Ministerio no intervino en ninguna contratación», subrayó.

Fuentes jurídicas consultadas por Ep precisaron que la Abogacía del Estado ha acudido en defensa de dos de los querellados y que la Fiscalía, por su parte, no asistió al Juzgado.

Comparecientes

Los de Santiago Abascal presentaron la querella en su día contra el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; contra Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación; y contra Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, de Sanidad.

Los tres comparecieron ayer en los Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid.

En su querella, la formación política Vox explicaba que a raíz de la aprobación del decreto del estado de alarma se celebraron una serie de contratos «de la forma más irregular».

Aseguró que no estaba justificada la «contratación deficiente, irregular, injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector»; y además, «sin la publicidad oportuna».

Desde la formación explicaron además que luego se presentó una ampliación de la querella, pero aún no se ha admitido.

De momento, no están previstas más declaraciones en este procedimiento.