El Gobierno fija por ley que Las universidades que imparten títulos en catalán tengan financiación extra

La reforma de la Ley de Universidades (LOSU) será remitida al Congreso después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto de ley que pretende ser una ley “para los próximos 20 años capaz de responder a las necesidades actuales que demanda la sociedad”, ha dicho el ministro de Universidades, Joan Subirats.

El documento incluye como una de las novedades el compromiso mínimo de gasto en universidades del 1% del PIB pero, además, se da la circunstancia de que tendrán financiación extra por ley las universidades que impartan títulos en catalán. Y es que la utilización de la lengua cooficial o la pluralidad lingüística de los programas será objeto de financiación adicional al incluirse en el artículo 58 de la ley sobre financiación estructural o básica. También podrán recibir financiación extra por necesidades singulares las universidades por la insularidad, dispersión territorial o presencia en el medio rural de sus centros universitarios.

Supervisión de la calidad

Entre las novedades recogidas en el anteproyecto figura la posibilidad de que cualquier agencia europea o de cualquier comunidad autónoma pueda acreditar la calidad de los estudios que se imparten en España de tal manera que deja a la agencia estatal evaluadora, la ANECA, al borde de la desaparición.

Así, podrá ocurrir que los títulos en catalán, o de cualquier tipo, que ponga en marcha la Universidad de Baleares reciban el visto bueno para de la Agencia evaluadora catalana para que se oferten a los alumnos. O bien podrá suceder que una universidad española recurra a la agencia evaluadora lituana, por poner un ejemplo, si el trámite lo resuelve antes que la propia ANECA o la agencia de la comunidad en la que esté instalada, cosa que hasta ahora la legislación no permitía. El temor para algunos expertos es que esta circunstancia pudiera generar una competencia a la baja y una reducción de la calidad.

Cataluña hace años que viene solicitando al Ministerio la posibilidad de que su agencia evaluadora pueda acreditar los títulos de Baleares y Valencia, de tal manera que con esta reforma legal verían cumplida su petición.

Becas

La nueva ley incluye la posibilidad de que los alumnos puedan recibir becas por origen étnico. “La concesión de becas corresponderá a criterios socioeconómicos (...) Se pueden establecer bases reguladoras atendiendo a la discapacidad y sus necesidades de apoyo, al origen nacional y étnico a las circunstancias sociales, cargas familiares, situaciones de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, así como otras características específicas del alumnado”, expone la nueva Ley de Universidades.

El sustituto, la nueva figura

El nuevo documento, trata de atajar la precariedad del profesorado. Así, mejoran las condiciones laborales del profesorado asociado al convertir sus plazas temporales en indefinidas, una medida de la que se beneficiarán más de 25.000 profesores asociados y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la ley actual al 8%, según los datos que maneja el Ministerio.

Esta estabilización conlleva la mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador, se garantizarán los derechos por antigüedad, a complementos salariales y otros. Además, se incorporan otra serie de medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica, mediante el reconocimiento de su experiencia docente en algunos concursos a Ayudante Doctor o el fomento contratos predoctorales para quienes quieran incorporarse a la carrera académica.

Se recupera el valor original de la figura de profesor Asociado, que aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, limitando su docencia a un máximo de 120 horas lectivas. Sin embargo, mientras mejora la situación del profesor asociado, se incorpora la figura del profesorado Sustituto cuya finalidad exclusiva es la de sustituir al Personal Docente Investigador con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios. “De esta manera, se evita que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado”, aseguran desde el Ministerio.

Estudiantes sin poder vinculante

Los estudiantes tendrán más control y derechos. Serán relevantes a la hora de seguir y exigir la calidad de la docencia y tendrán acceso a la evaluación del profesorado y participarán el Claustro o los Consejos de Facultad o Departamento, además de en los planes de estudio y guías docentes. Su participación tendrá que ser de un mínimo del 25%, cuando en la antigua ley (LOU) no tenían ningún porcentaje asignado, aunque se elimina, con respecto al anterior borrador que su participación sea “vinculante”.

Los estudiantes tendrán derecho a la huelga o paro académico sin que eso repercuta en sus calificaciones o que afecte en algo su falta de asistencia a clase. Tendrán derecho a atención psicológica y emocional e incluso podrán gestionar servicios universitarios dirigidos a los alumnos.

Grados de tres años

La ley no marca un tiempo de duración de los grados. Como norma general los grados durarán cuatro años, excepto cuando haya acuerdos con universidades extranjeras que acrediten un título propio y que ese acuerdo incorpore los tres años. De esta manera, la idea es flexibilizar la duración de los grados para que puedan coexistir las carreras de tres años (180 créditos, el 3+2) con las de cuatro años (240 créditos, el 4+1), como ocurre en algunos países europeos, un modelo que algunos consideran que puede favorecer la internacionalización, aunque hay quien piensa que puede encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.

Comisiones paritarias y sesgo de género

Cualquier universidad, tanto pública como privada, deberá contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso.

Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios (mujeres y hombres). Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para promocionar con igualdad de méritos al sexo menor representado.

“Cuidar” a los que salen de la universidad

La ley prevé que las universidades “cuiden de sus egresados” de tal manera que la relación con la universidad no se acabe cuando un alumno sale de la universidad con su título debajo del brazo. Los antiguos alumnos “tendrán prioridad para actualizar sus estudios para que cuando se obtiene la licenciatura no se acabe el contacto”, ha dicho el ministro.

Internacionalización del sistema universitario

El Gobierno busca una ley que mire a Europa. Por eso, el proyecto de LOSU prevé que el Gobierno, Comunidades autónomas y universidades elaboren estrategias para internacionalizar el sistema universitario. Se trata, además, de establecer alianzas universitarias europeas de tal manera que haya títulos compartidos.

Pasa a ser una prioridad la movilidad internacional del estudiantado, del Personal Docente Investigador y del PAS.

Además, se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al finalizar los estudios universitarios de grado, máster o posgrado, se podrá optar a un visado de dos años para hacer prácticas o trabajar.

La LOSU ha creado una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función está dirigida a atraer profesorado de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.

Microcredenciales y universidad para todas las edades

Las universidades darán microcredenciales, es decir, programas de corta duración a los que se podrá acceder con otro título anterior o simplemente con experiencia profesional. Se trataría de títulos propios que proporcionan entre 30 y 40 CTS. El ministro ha detallado que sobre este asunto hay un debate en toda Europa porque hay un claro desajuste entre la formación que se imparte y las necesidades de las empresas.

La ley prevé una universidad “abierta a todas las edades”. Ahora solo el 6% de los universitarios tienen más de 30 años y el reto es llegar al mayor número posible de personas independientemente de su edad.

Subirats cree que ahora las universidades tienen el reto de la digitalización pero, a la vez, hay que “resignificar” la presencialidad porque “las universidades han sido un lugar de contacto entre profesores y alumnos y entre estudiantes, pero no se puede renunciar a la presencialidad como factor esencial”.

Carrera académica: fijo en el puesto en diez años

El Ministerio ha previsto una carrera académica más predecible, más clara y más corta de tal manera que una persona que inicia sus estudios de doctorado podrá tener plaza fija en un plazo de diez años. Ahora, una persona que decidía hacer carrera académica no encontraba estabilidad antes de los 46 años, con lo que se pretende un rejuvenecimiento de las plantillas y atraer talento internacional.

El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU). Para esta figura no será necesaria la acreditación y se accederá por concurso público. Pasados estos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público. La tercera etapa será la de promoción a la figura de catedrático.

Evaluación al profesorado y curso pedagógico

Los profesores serán sometidos a evaluaciones cualitativas y cuantitativas, tendrán en cuenta el acceso abierto, el impacto territorial, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las particularidades de cada disciplina académica. Para evitar prácticas endogámicas, se ha previsto que en todos los concursos públicos la universidad convocante esté en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.

Los docentes, además, tendrán que realizar un curso de formación pedagógica en el primer año de acceso, al igual que ocurre para poder impartir clases en etapas no universitarias.

Rector por un máximo de seis años

La ley da libertad a cada universidad para que elija el sistema de elección de rector que considere y elimina la obligación de que tenga que ser catedrático. Se podrá ostentar el cargo de rector durante un máximo de seis años “improrrogables y no renovables”.

En lo que a gobernanza y estructuras se refiere, plantea cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. El claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria y tendrá que garantizar siempre un 25% de mínimo de representación del estudiantado, así como una representación del 51% para el personal docente e investigador. Además, se consolida el Consejo de Estudiantes en cada universidad.

Las universidades tendrán autonomía para la definición de sus estatutos así como para la creación de otras estructuras en departamentos y facultades.

Atención a la discapacidad: Estudios propios adaptados

Las unidades de diversidad deberán contar con un servicio de atención a la discapacidad y disponer de un plan de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra

Se establece también un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, las universidades deberán facilitar la lengua de signos así como fomentar estudios propios adaptados a personas con discapacidad intelectual o de otra índole.

Investigación: Ciencia abierta a todos

La LOSU pretende que la ciencia sea abierta a la ciudadanía como un elemento esencial. Todas las publicaciones serán accesibles porque “es importante que las universidades no solo hablen de transferencia, sino de intercambio entre la sociedad y las universidades”.