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Polémica

Protestas ante el Congreso por la nueva Ley de Ciencia

Asociaciones y sindicatos lamentan la aprobación de esta norma porque, entre otras cosas, deja fuera al personal técnico y de gestión, dos tercios del total de los organismos nacionales de investigación

Concentración este jueves frente al Congreso de los Diputados para exigir una Ley de la Ciencia que garantice los derechos del personal de investigación Cézaro De LucaEuropa Press

Centenares de miembros de investigación y personal técnico, de gestión y laboral de los organismos nacionales de investigación, apoyados por comités sindicales del sector, se concentraron ayer por la mañana ante el Congreso de los Diputados antes de la aprobación de la Ley de la Ciencia como último intento para que garantizase los derechos del personal representado en la movilización.

Al final se han quedado fuera muchas de las medidas que pedían aunque han logrado avances en la contratación indefinida, las indemnizaciones por finalización de contrato o la valoración de los méritos durante toda la carrera. Sin embargo, la nueva ley «se nos queda corta» porque «el personal técnico y de gestión, que son dos tercios del total, queda fuera de la ley una vez más», ya que el Ministerio considera que «nuestra carrera va dentro de la de Función Pública», según portavoces de los concentrados.

Igualmente, considera que excluir al personal técnico y de gestión es injusto porque «ellos también hacen ciencia junto con el personal investigador», y las tres escalas son «indispensables para que la ciencia avance. No es de rigor que solo el personal científico tenga una valoración de unos méritos científico-técnicos que se consiguen gracias a un equipo», remarcaron.

Otra de las quejas se basa en que la ley no mejora los salarios del personal predoctoral, «que rozan el salario mínimo», así como que no facilite la recuperación del talento «que fue expulsado» de este país en la crisis de 2011. Tampoco prevé una planificación presupuestaria para que la investigación pública «sea fuerte y estable, y no esté al albur de que los partidos políticos decidan si merece la pena o no» financiar la ciencia.

Las pancartas

En la concentración se pudieron leer pancartas en favor de una carrera profesional con lemas como «Sin ciencia no hay futuro» o «Derechos laborales plenos para tod@os en investigación».

Lejos de toda crítica tras la aprobación finalmente de la Ley en el Congreso, la ministra de Ciencia, Diana Morant, celebró el «amplísimo consenso» que ha habido con el proyecto tras ser aprobado por 261 votos a favor (PSOE, PODEMOS, PP, ERC y Cs) y 59 abstenciones (Vox, PNV, Junts, BNG y CUP). «Esta ley ha estado muy dialogada con los actores del sistema de investigación, también muy trabajada con los grupos políticos, recoge un amplísimo consenso. Es prácticamente una anomalía parlamentaria», señaló antes de recordar a aquellos que han tenido que abandonar España en la última década porque «su país le daba la espalda. Estamos hablando de toda una generación, la más talentosa de la historia de España, con más méritos, que no tenía espacio en nuestro país porque la receta de recortes y austeridad no permitía que la ciencia tuviera un lugar en nuestro país».

El Gobierno, según ha apuntado Morant, «tiene claro» que las crisis y los retos se tienen que afrontar «con más ciencia, más conocimiento, más investigación. Se tienen que generar en nuestro país, no tenemos que ser compradores de innovación», defendió.

En este punto, indicó que, más allá de unos Presupuestos «históricos para la ciencia», era necesaria una ley «que arreglara el sistema». Así, afirmó que la ley aprobada «arregla el sistema y los fallos que existían frente a la carrera científica, dando más derecho al personal investigador».

En concreto, Morant destacó que los investigadores ahora tienen indemnizaciones «que no tenían» y una carrera «estable y predecible», además de rebajar las cargas burocráticas, una de las «grandes quejas» de los investigadores españoles.

Respecto a la creación de la Agencia Española del Espacio, que tanta polémica suscita en estos días entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, la Ley ha incluido que se encargará de elaborar una Estrategia Espacial Española y que se promoverá además que su ubicación se base, entre otros, en principios de cohesión social y territorial y la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, así como la lucha contra la despoblación.