El 80 por ciento de los casos de abusos en la Iglesia ha prescrito

Aunque todavía no hay datos definitivos de la auditoría externa encargada por los obispos y, mucho menos, de la recién creada comisión de investigación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, hizo ayer una radiografía de la lacra de los abusos, asegurando que ocho de cada diez casos de los que tienen constancia son anteriores a 1980 y, por tanto, están prescritos civilmente.

Argüello desveló este dato ayer, durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente, que se celebró este martes y miércoles. Y lo hizo con cierto sosiego, en tanto que para el portavoz esta cifra desvela una disminución significativa de casos en la actualidad, lo que revelaría que los protocolos de prevención funcionan. Al paso expuso que la Iglesia perfila un protocolo marco de actuación común tanto para las diócesis como para las congregaciones religiosas.

Sin embargo, mostró su preocupación sobre la capacidad de esclarecer lo sucedido en el pasado, en tanto que «muchos acusados han fallecido y todos los obispos, provinciales y superiores mayores que estaban entonces, ya no están». «Si de verdad hubiera encubrimiento ¿se va a dejar por escrito el encubrimiento? Hay una expectativa sobre los archivos desorbitada», se preguntó sobre la petición de abrir los archivos eclesiásticos para encontrar pruebas. «No a una apertura generalizada», sentenció.

Durante su comparecencia, el portavoz de los obispos explicó una vez más que «no participaremos institucionalmente» en la comisión pilotada por Gabilondo, pero sí «colaboraremos en aquello que se nos pida dentro de las reglas de juego establecidas». ¿El motivo? «Siendo una problemática social tan grave, que el Congreso solicite una comisión solo centrada en la Iglesia no nos parece oportuno», apuntó.

Es más, Argüello expuso que la Conferencia Episcopal ya hizo una valoración jurídica sobre dicha comisión para concluir que era de «dudosa constitucionalidad». Aun así, los obispos no dieron el paso de presentar un recurso de amparo ante el Alto Tribunal, una decisión que en cambio sí han adoptado dos entidades: E-Cristians y One of Us.

Esta decisión de no enfrentarse por la vía judicial al Gobierno se complementa con el hecho de que Gabilondo haya fichado para su equipo auditor a católicos reconocidos como Miguel García-Baró, coordinador de Repara, el proyecto de acompañamiento a víctimas de la archidiócesis de Madrid. «Nos parece muy bien que estas personas que han sido valoradas por su competencia profesional participen a título personal», aseveró el portavoz episcopal.

Más allá de la crisis de la pederastia, el ya arzobispo electo de Valladolid también se pronunció sobre el respaldo de los obispos a la manifestación contra la ley del aborto convocada para este domingo en Madrid. «Valoramos las salidas a la calle», apoyó Argüello, en tanto que supone un paso al frente «decir no a estas leyes» en favor de «el bien común».

«Las movilizaciones en la calle son algo genuino y propio de la vocación laical», subrayó, apostillando que «pueden estar acompañados de sus pastores, pero no creo que sea así sea porque los obispos tienen otras convocatorias locales» vinculadas al final del Encuentro Mundial de las Familias.