Gabilondo ficha a católicos para su comisión antiabusos de la Iglesia

Cinco meses después de que el Gobierno anunciara la creación de una comisión para radiografiar los abusos sexuales en el seno De la Iglesia en manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo compareció ayer en el Congreso de los Diputados para presentar el equipo de 17 expertos que llevara a cabo este encargo procedente de diferentes ámbitos como el jurídico, psicológico y filosófico. En principio, los trabajos arrancarán en el mes de julio, acompañados de unos buzones y teléfonos de contacto para las víctimas.

Como el propio Gabilondo expuso, el objetivo que se persigue con la comisión es “recabar propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”. Además, en paralelo, se pondrá en marcha un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas y una unidad de atención de las víctimas y de apoyo a la investigación.

Entre los nombres de los ‘comisarios’, tal y como ha podido comprobar el diario LA RAZÓN, al menos siete están vinculados de forma más o menos directa a la Iglesia. En algunos casos, se trata de católicos con un compromiso vinculados a la lucha contra esta lacra. Así, Gabilondo habría ‘fichado’ a estos laicos, después de que la Conferencia Episcopal Española descartara una participación activa, optando por colaborar de forma puntual en aquello para lo que se les solicite. Es más, según ha podido confirmar este diario, los obispos habrían recomendado no tomar parte de la comisión Gabilondo al menos a un sacerdote a quien se le habría invitado. Es más, el Defensor del Pueblo detalló que, tras diferentes conversaciones con el secretario general y portavoz del Episcopado, Luis Argüello, y con el presidente de los obispo y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, “la Iglesia católica, como institución, desestimó formar parte de la comisión señalando que esto no supondría dejar de colaborar siempre dentro de la ley”. En cambio, Gabilondo apuntó que, tras reunirse con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el dominico Jesús Díaz Sariego manifestó su “voluntad de colaborar” con lo que pueda solicitarles el Defensor del Pueblo, “en coordinación” con la Conferencia Episcopal. “La respuesta ha sido ‘no’ a última hora. Si la Iglesia como institución ha dicho que no va a participar, que no participe, pero de ello, desde luego, no deduzco que no vaya a colaborar”, dejó caer en su comparecencia, consciente de que esa mano tendida a la Iglesia le ha llevado a pagar “”pagar un precio político”.

El propio jesuita alemán Hans Zollner, el mayor experto antiabusos del Vaticano, recomendó la semana pasada en un viaje exprés a Madrid que la Iglesia como institución no se involucrará en la comisión “para evitar que pueda influir de alguna manera” en el trabajo”.

Frente a esta distancia higiénica marcada por el Episcopado con el aval de Roma, el Defensor del Pueblo sí ha querido contar con laicos, reconocidos por su trayectoria profesional y por su conocimiento de primera mano los errores de la Iglesia en el pasado, pero también de los medios que está poniendo en marcha para hacer realidad la justicia restaurativa con las víctimas y aplicar la “tolerancia cero” que ha abanderado el Papa Francisco.

Es el caso de Miguel García-Baró, que no solo es el catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas, sino que además ejerce de máximo responsable del proyecto Repara, la iniciativa más ambiciosa y desarrollada en España para el acompañamiento de víctimas promovida por el cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro. También entraría en este perfil Juan Carlos González Martín, que forma parte de Eshma, organización para el acompañamiento a supervivientes de abusos sexuales. Además, asesora a instituciones religiosas en protocolos de prevención.

Entre las mujeres de Iglesia que forman parte de la comisión, se encuentran la profesora de secundaria Paula Merelo, que recientemente ha publicado el libro ‘Adultos vulnerados en la Iglesia’, en la editorial católica San Pablo.

No menos comprometidas son María Elena Olmos, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y secretaria general de la Universidad de Valencia; así como la psicóloga y teóloga bilbaína Ana Laura Zugaza, de la Asociación de Teólogas Españolas.

Esa mirada crítica hacia la Iglesia también la tiene Letizia De la Hoz, abogada rotal por la Nunciatura Apostólica y socia fundadora de la Asociación Infancia Robada, principal ariete contra la auditoría externa encargada por los obispos al bufete Cremades&Calvo-Sotelo.

A ellos se suman otros nombres como el que fuera letrado del Constitucional, Xabier Arzoz, y Gema Varona, la que es considerada por muchos la mayor experta en victimología de nuestro país y una de las primeras investigadoras que alertó de la crisis de la pederastia eclesial en España.

Con esta veintena de nombres sobre la mesa, lo cierto es que la Comisión Gabilondo arranca con dificultades, en tanto que podría ser paralizada por el Tribunal Constitucional. Y es que se ha interpuesto ante el Alto Tribunal un recurso de amparo, de la mano de One of Us (asociación que preside Jaime Mayor Oreja) y e-Cristians, en tanto que la Proposición No de Ley que aprueba la creación de la comisión podría ser “contrario a uno de los derechos fundamentales nominalmente establecido por la Constitución Española”. Y es que, según estas entidades, resulta “arbitrario al pedir limitar la investigación exclusivamente a los ámbitos católicos” y no abordarlo de forma integral en todos los ámbitos sociales, como en principio sí tiene previsto hacer la Generalitat de Cataluña. A esto se une que además la competencia del Defensor del Pueblo pasa por investigar a las Administraciones, y no auditar a otro tipo de instituciones que no son públicas, sea la Iglesia o una ONG.

“Nos parece bien que en el ámbito católico se depuren responsabilidades por los abusos. Pero no queremos que se investigue sólo ese 0,5% de casos, el de los ámbitos católicos, ocultando y desatendiendo el otro 99,5%”, expone el presidente de E- Cristians, Josep Miró, que llama a Moncloa a “imitar la investigación del Bundestag alemán, que indaga todos los casos y con todas las víctimas, también en las administraciones, en el mundo criminal, el deportivo...”.