Ley Trans: «Lo que han hecho con mi hija es una barbaridad. Es peor que una secta»

El anteproyecto aprobado esta semana por el Gobierno tiene en pie de guerra a cientos de padres de menores (sobre todo niñas) afectados por lo que consideran un «contagio social que los daña de por vida»

Un juez español ha concedido esta semana el cambio de sexo a un niño de ocho años
Un juez español ha concedido esta semana el cambio de sexo a un niño de ocho años FOTO: Brais Lorenzo EFE

Cuando estaba a punto de cumplir trece años, la hija de Álvaro (nombre ficticio) le confesó su homosexualidad. Recuerda que le dijo que le parecía estupendo porque si le gustaban las chicas «podríamos hablar de mujeres». Poco después, a los quince, se declaró «no binaria» y salió una temporada con un chico. A partir de entonces, todo fue cuesta abajo. En 2020, en plena pandemia, se rapó el pelo, dejó el colegio y la relación con sus padres, que siempre había sido muy buena, se convirtió en un infierno. «Su salud física empeoraba, vomitaba constantemente. Se pasaba el día en las redes sociales, estaba enganchada. La llevamos a mil médicos y le hicieron todo tipo de pruebas. No tenía nada físico», explica Álvaro a través del teléfono.

Cuando cumplió los 17, se declaró «un chico gay atrapado en el cuerpo de una mujer» y empezó a vestirse «de una manera extraña, con ropa grande de su abuelo, volvió a dejarse el pelo largo y bigote». Ahora, con 18, está hormonada y su voz suena grave. «De verdad que ya no sabe ni lo que es, va maquillada porque dice que los hombres también lo hacen. Camina encorvada, con los hombros hacia delante, para no sentir el roce del pecho sobre su ropa. Quiere hacerse una mastectomía pero no puede porque no tiene dinero y no pensamos dárselo. Lo que han hecho con mi hija es una barbaridad».

Cuenta Álvaro que su mujer y él pasaron casi dos años sin entender nada. Que acataron lo que les decía el psicólogo y se dispusieron a acompañar lo mejor posible a su hija, a la que comenzaron a llamar con nombre masculino, en una transición que «se suponía que iba a ser un camino largo jalonado de pruebas». «Yo mismo la acompañé cuando cumplió la mayoría de edad a la unidad Trànsit de la Seguridad Social catalana y la esperé dos horas en el coche. Mi sorpresa fue enorme cuando salió de allí con una sonrisa porque acababan de recetarle las hormonas. Así, en un minuto».

A Álvaro no le cuadraba nada. Su hija «nunca había dado signos de disforia de género en ningún sentido» y no entendía ese giro tan repentino. Comenzó a buscar respuestas fuera de los foros oficiales y dio con la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (Amanda), laica y apolítica. Creada a finales del año pasado por progenitores como él, cuenta con cerca de 200 asociados que tratan de hacer fuerza para que sus hijos, autodiagnosticados como trans, no tomen decisiones irreversibles y valoren otras causas como el origen de su malestar.

Una de sus miembros, que pide mantener el anonimato, asegura que «aquí nadie cuestiona la orientación sexual, faltaría más, solo ansiamos evitar daños irreparables a nuestras hijas porque la enorme mayoría, hasta el 85%, son chicas». En su opinión, esta disforia de género que llaman de «inicio rápido» se produce por «contagio social y como una manera de encontrar una identidad, un grupo de iguales que les acepte y les apoye en un momento delicado de la vida. No dejan de ser adolescentes y muchos de ellos tienen problemas previos como falta de autoestima, acoso escolar o trastornos de alimentación y del espectro autista». Según el estudio de 2018 “Disforia de género en la adolescencia: perspectivas actuales” (Kaltiala-Heino, R., Bergman, H., Työläjärvi, M., & Frisén, L.), el 80% de los casos desisten con el fin de la pubertad.

El anteproyecto de la Ley Trans y LGTBI, impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobado esta semana por el Gobierno ha caído como un jarro de agua fría en la Asociación Amanda. Entre otras cosas, porque aspira a sacar definitivamente de las unidades de género a psicólogos y psiquiatras con el objetivo de «despatologizar la libre determinación de la identidad de género». El texto contempla el derecho de «las personas trans a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante dos años ni informes médicos». De aprobarse la ley en el Congreso de los Diputados, los chicos entre 14 y 16 años que quieran reasignar su sexo necesitarán autorización paterna y para quienes estén entre los 12 y 14 años el procedimiento se podrá realizar a través de un «expediente de jurisdicción voluntaria». Los menores de 12 años solo podrán cambiarse el nombre en el DNI.

Álvaro coincide con el movimiento feminista clásico en que esta iniciativa legal busca un «borrado de las mujeres»: «De verdad que no entiendo que en plena etapa de la emancipación de la mujer les digan a las niñas que para ser felices ahora tienen que ser varones». Cree que la motivación final es económica, aunque muchas de las personas que impulsan el movimiento trans lo hagan de buena fe y ni siquiera lo sepan. «A mi hija directamente la captaron, como una secta o peor. Ella siempre fue muy avanzada para su edad, tiene inquietudes progresistas y una gran empatía con las minorías. El cambio lo experimentó durante la pandemia, como muchas de estas chicas. Entró en un chat privado de Instagram y hasta hoy. Es como una semilla que les han plantado en la cabeza».

En las antípodas de Amanda, la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis considera en un comunicado que la oposición a la citada ley «no es más que ruido»: «Se puede hacer ruido en las redes sociales, en ciertos espacios, aprovechar el buen nombre del feminismo para tapar las malas prácticas de algún o alguna persona “profesional”, para mediante bulos y discursos “académicos” negar, señalar y estigmatizar a las personas trans y sus familiares. Lo que una vez más no se puede tapar ni negar, es la tozuda realidad: que la sociedad española apoya mayoritariamente que se legisle a favor de los DD HH de las personas trans».

La periodista de «The Wall Street Journal» Abigail Shrier analiza en «Daño irreversible» (Deusto) la explosión de casos de chicas trans en Occidente. Solo en la Comunidad de Madrid, entre 2017 y 2019 la incidencia habría subido un 500% mientras que en Reino Unido el incremento entre 2009 y 2018 se disparó al 4.000%. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Shrier lo explica como una búsqueda de refugio de las adolescentes en una identidad minoritaria y en la necesidad de buscar referentes fuera de casa, sobre todo en el activismo y las redes sociales, que juegan un papel determinante. Una reafirmación generacional de manual si no pasara por la amputación de órganos sexuales para la que no hay vuelta atrás.

Autores como Shrier se han convertido en malditos en EE UU, donde la llamada “política de la cancelación” está haciendo destrozos en la comunidad intelectual. Pero nuestro país no se queda atrás. Hay tanto miedo de ser tachado de «tránsfobo» por cuestionar esta ideología de género imperante que los que se atreven a alzar la voz en este reportaje lo hacen bajo condición de que no se revele su identidad. Muchos de estos padres están haciendo la guerra en Twitter bajo pseudónimo para no convertirse en objetivo de «haters» (odiadores profesionales), que no entienden que la legitimidad del movimiento trans es compatible con el deseo, también legítimo, de las familias de proteger a los menores de una transición que no consideran genuina. Lo cierto es que también la comunidad médica hace gala de una cautela extrema ante un asunto que consideran sensible; este periódico no pudo recabar la opinión de ningún facultativo que trabaje en una unidad de género.

La feminista sueca Kajsa Ekis Ekman va más lejos y asegura que existe un lobby cuya motivación es solo mercantil. En «Sobre la existencia del sexo» (Ediciones Cátedra), asegura que «el valor del mercado de la salud especializado en la reasignación de sexo en Estados Unidos era de 316 millones de dólares en 2019 y el ritmo de crecimiento anual será del 25,1% hasta el 2026». Su tesis principal es que «esto no va de derechos humanos, sino de mercado». De la necesidad de hacerse con una clientela que ya se acerca al 1% de la población juvenil estadounidense: «Es un grupo ideal: vienen por su propio pie y piden un medicamento del que dependerán toda la vida».

Álvaro, con el que iniciamos este reportaje, compara la situación con la crisis de los opiáceos en EE UU, donde la industria farmacéutica creó una necesidad para poder vender el remedio: «Nadie parece darse cuenta de esto en España. Entre el fútbol, la pandemia, la inflación, estamos distraídos. Estoy seguro de que caerá por su propio peso y se impondrá el sentido común. La pena es que para mi hija será tarde».